Un laboratorio clandestino que ofrecía servicios para quitar los bloqueos de activación de teléfonos celulares fue desarticulado en el barrio porteño de Saavedra. Durante el operativo, efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron más de 130 dispositivos y distintos componentes utilizados para realizar los procedimientos de desbloqueo.
El procedimiento estuvo a cargo de integrantes de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad. El allanamiento se concretó en una vivienda de una planta ubicada en Saavedra, donde los investigadores determinaron que funcionaba el taller ilegal.
La investigación comenzó a partir de tareas de ciberprevención realizadas por personal de esa división. Durante esas recorridas, los efectivos detectaron una publicación en una plataforma digital en la que se ofrecían servicios destinados a sortear los mecanismos de bloqueo de activación de teléfonos celulares.
Según se estableció durante la pesquisa, los servicios promocionados permitían realizar procedimientos conocidos como “bypass” o “salto de iCloud”. La actividad se encontraba en infracción a la Ley 25.891, normativa que regula la comercialización de servicios y equipos vinculados con las comunicaciones móviles.
A partir del hallazgo, los investigadores realizaron distintas tareas de campo y analizaron los registros aportados por la plataforma digital en la que se había publicado la oferta.
La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Gerardo Pollicita. Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Secretaría 9, ordenó avanzar con el allanamiento de la vivienda señalada.
Durante el procedimiento, los oficiales encontraron una importante cantidad de equipos y herramientas relacionadas con la actividad investigada. En total, fueron secuestrados 61 teléfonos celulares y 75 partes de equipos informáticos.
Entre los elementos incautados también apareció una desbloqueadora denominada “Sigma”, además de pendrives, discos externos y cuatro notebooks. Todo el material quedó incorporado a la investigación judicial para determinar su utilización y procedencia.
El responsable del lugar quedó a disposición del Juzgado Federal 5, mientras la Justicia continuó con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades vinculadas con el funcionamiento del laboratorio y los servicios que allí se ofrecían.
