La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir su condena a seis años de prisión en su departamento de Recoleta, donde vive junto a su hija Florencia Kirchner, con su custodia habitual y sin tobillera electrónica. Mientras tanto, la fiscalía reclama su inmediata detención.
En un escrito de 13 páginas, presentado tras el fallo de la Corte Suprema, sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que se evite su paso por una alcaidía y se disponga directamente el arresto domiciliario en San José 1111, su actual domicilio, según informaron fuentes judiciales.
El juez Jorge Gorini, integrante de ese tribunal, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados, incluida Cristina, se presenten personalmente en Comodoro Py y queden detenidos. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados de alojamiento hasta que se resuelvan los distintos planteos.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola exigieron la “inmediata detención” de la ex mandataria. Consideran que el plazo otorgado es excesivo, teniendo en cuenta la proximidad de un fin de semana y un feriado nacional.
La defensa fundamentó su pedido de prisión domiciliaria en la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, y en los riesgos para su seguridad, haciendo referencia al atentado sufrido en 2022 y su condición de ex presidenta.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria“, afirmaron sus abogados.
Argumentaron que alojarla en una cárcel común no es compatible con los recaudos de seguridad que deben garantizarse a una persona en su situación. Además, destacaron que un eventual traslado a prisión implicaría un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, lo que resultaría incompatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos aplicables en la ejecución de penas.
Por ello, pidieron que la medida sea sin el uso de tobillera electrónica, al considerar que la custodia permanente de las fuerzas de seguridad vuelve su implementación “completamente innecesaria”, aunque el dispositivo esté previsto por la Ley de Ejecución Penal.
