El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó este viernes a Alberto Barnada, un jubilado misionero de 77 años, a tres años de prisión condicional por transporte ilegal de explosivos. El caso se remonta a junio de 2024, cuando fue detenido en un puesto caminero de Entre Ríos mientras trasladaba 500 kilos de dinamita en una camioneta 4×4, en lo que la fiscalía calificó como una situación de “altísimo peligro social”.
Barnada, conocido en el expediente como “Bombita”, se dedica al comercio de equipos viales y mineros. Salió desde Córdoba con la carga oculta en la caja del vehículo y recorrió Santa Fe de punta a punta, hasta ingresar a Entre Ríos por el túnel subfluvial, un cruce en el que está terminantemente prohibido transportar material explosivo.
El viaje incluyó una parada en la localidad de Cerrito, donde estacionó la camioneta durante horas cerca de una estación de servicio, un detalle resaltado por la fiscalía durante el juicio. Al día siguiente continuó camino hacia Misiones, pero en el kilómetro 496 de la ruta nacional 12, en el Puesto Caminero Santa María, fue interceptado.
Durante el control, Barnada se mostró nervioso y aseguró a los agentes que llevaba agroquímicos. La revisión posterior reveló 20 cajas de cartón ocultas bajo trapos, que contenían panes de Gelamón V.F. 65%, un explosivo fabricado en Villa María y utilizado en minería y obras de voladura.
El procedimiento fue supervisado por el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y los policías involucrados fueron distinguidos por el gobernador Rogelio Frigerio. Barnada carecía de permisos y había adquirido el material a una empresa llamada FATMAN, nombre asociado a la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki.
Además de los explosivos, se secuestraron la camioneta, un celular, una tablet, ropa, herramientas de uso vial y unos 97 mil pesos en efectivo. Bomberos especializados advirtieron que el vehículo no estaba equipado con sistemas antichispa, lo que agravaba el riesgo del traslado.
En el juicio, la defensa, representada por Andrés Bacigalupo, sostuvo que la ausencia de detonadores hacía inofensiva la carga. La fiscalía, en cambio, encabezada por José Ignacio Candioti y Valeria Esponda, recalcó que la cantidad superaba la dinamita usada en el atentado a la AMIA y solicitó cuatro años de prisión efectiva por la gravedad del hecho.
El propio Barnada confesó no tener autorización ni cumplir con las normas de transporte de explosivos, que exigen inscripción en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la correspondiente documentación de traslado.
Finalmente, la jueza federal Noemí Berros impuso una pena menor a la pedida por el Ministerio Público Fiscal, pero confirmó la culpabilidad del acusado. También se resolvió que la camioneta quede bajo la órbita provincial y se pidió la destrucción del Gelamón incautado.
