La Justicia de Japón condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre que asesinó al ex primer ministro Shinzo Abe, en un fallo que llega más de tres años después del ataque que sacudió al país y tuvo fuerte impacto internacional. La sentencia fue dictada por el Tribunal del Distrito de Nara, que consideró probado el delito de asesinato junto con violaciones a la ley de control de armas de fuego.
Shinzo Abe murió en el hospital tras recibir disparos durante un acto de campaña en la ciudad de Nara, en julio de 2022. El acusado, Tetsuya Yamagami, de 45 años, utilizó un arma de fabricación casera para perpetrar el ataque mientras el ex mandatario pronunciaba un discurso electoral.
El tribunal, presidido por el juez Shinichi Tanaka, resolvió aplicar la pena máxima prevista por la legislación japonesa. Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas hicieron fila para ingresar a la sala, reflejando el fuerte interés ciudadano por el desenlace del juicio.
Durante el inicio del proceso, en octubre, Yamagami admitió haber cometido el asesinato, aunque cuestionó parte de los cargos en su contra, según informaron medios locales. En el sistema judicial japonés, el juicio continúa aun cuando el acusado reconoce su responsabilidad penal.
El caso abrió un amplio debate nacional sobre la violencia armada en un país con índices extremadamente bajos de delitos con armas de fuego y puso bajo la lupa los presuntos vínculos entre dirigentes políticos conservadores y la Iglesia de la Unificación, una organización señalada por algunos sectores como una secta.
Asistentes al tribunal calificaron el asesinato de Abe como “el incidente del siglo”. Un joven de 31 años, entrevistado por la AFP mientras aguardaba su turno para ingresar, sostuvo que apreciaba al ex primer ministro y que su muerte resultó “impactante”, y explicó que acudió al juicio para “saber sobre el hombre que mató a alguien que me importaba”.
A las puertas del edificio judicial, el trabajador de logística Manabu Kawashima expresó su deseo de conocer “la verdad sobre Yamagami”, mientras que otro ciudadano exhibía una pancarta solicitando al juez que tuviera “en la más completa consideración” las difíciles circunstancias personales del acusado.
Durante el debate oral, la fiscalía pidió la cadena perpetua y calificó el crimen como “sin precedentes en la historia de la posguerra japonesa”, remarcando las “consecuencias extremadamente graves” que tuvo para la sociedad. En Japón, la cadena perpetua contempla la posibilidad de libertad condicional, aunque en la práctica muchos condenados permanecen encarcelados de por vida, según especialistas.
La investigación judicial reveló que el móvil del ataque estuvo vinculado al intento de exponer y desacreditar a la Iglesia de la Unificación. Los fiscales explicaron que Yamagami actuó tras la bancarrota de su familia, causada por cuantiosas donaciones que su madre realizó a la organización, y que llegó a convencerse de que “políticos influyentes” protegían a la secta.
Abe había participado en eventos organizados por entidades relacionadas con la iglesia. De acuerdo con la acusación, Yamagami pensó que asesinar a una figura tan influyente permitiría atraer la atención pública y fomentar críticas contra la organización religiosa.
La Iglesia de la Unificación fue fundada en Corea del Sur en 1954 por Sun Myung Moon y sus seguidores fueron conocidos como “Moonies”. Durante el juicio, la defensa presentó una solicitud de clemencia y alegó que el acusado sufrió “abuso religioso” durante su crianza, debido a la profunda fe de su madre.
Según relató el abogado defensor, tras el suicidio de su esposo y con otro hijo gravemente enfermo, la madre de Yamagami donó todos sus bienes a la iglesia con la esperanza de “salvar” a su familia. Las contribuciones alcanzaron los 100 millones de yenes, lo que llevó al acusado a abandonar sus estudios universitarios. En 2005 intentó quitarse la vida y, tiempo después, su hermano también murió por suicidio.
Las investigaciones posteriores al asesinato de Abe sacaron a la luz múltiples conexiones entre la Iglesia de la Unificación y legisladores conservadores del Partido Liberal Democrático, lo que derivó en la renuncia de cuatro ministros del gabinete japonés.
En 2020, Yamagami comenzó a fabricar de manera manual el arma de fuego que luego utilizó en el ataque, la cual probó en una zona montañosa apartada. Para la fiscalía, estas acciones demostraron un alto grado de premeditación.
El crimen también expuso las particularidades del estricto control de armas en Japón. La violencia armada es tan poco frecuente que, según informes policiales posteriores, los agentes de seguridad no identificaron de inmediato el primer disparo y la asistencia a Abe se demoró.
En un tramo final del proceso, la defensa había solicitado una condena de no más de 20 años de prisión, al considerar que Yamagami fue víctima de un grupo religioso y que su contexto personal “trágico” influyó decisivamente en su accionar. Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo y ratificó la cadena perpetua como castigo por uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Japón.
