Condenaron a un hombre que utilizó un DNI extraviado para defraudar bancos y comercios. El imputado reemplazó la fotografía de un documento que había sido olvidado en un taxi para abrir cuentas y hacer compras fraudulentas.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a tres años de prisión domiciliaria a un hombre por adulterar un DNI y cometer estafas en la ciudad. La sentencia incluye el pago de las costas procesales y el monitoreo electrónico para garantizar su cumplimiento.
La maniobra comenzó tras el extravío en el año 2004 de un Documento Nacional de Identidad en un taxi de Mar del Plata, perteneciente a un trabajador filetero que resultó damnificado por la sustracción.
Según la resolución, el imputado logró sustituir la fotografía del DNI original por su propia imagen. Con ese documento adulterado abrió cuentas bancarias, solicitó tarjetas de crédito en distintas entidades y realizó compras en múltiples comercios marplatenses. Su accionar se prolongó durante al menos dos años.
Entre las maniobras comprobadas, el tribunal detalló la obtención de seis tarjetas de crédito emitidas por distintos bancos, un préstamo personal y la constitución fraudulenta de una sociedad anónima. Además, libró al menos quince cheques sin fondos, todos posteriormente rechazados. En uno de los casos, la deuda acumulada con una sola tarjeta superó los 4.500 pesos.
“El acusado sustituyó la fotografía del documento nacional de identidad Nº X, correspondiente a X, por una imagen propia, y lo utilizó para gestionar cajas de ahorro y cuentas corrientes, y obtener distintas tarjetas de crédito, todo a nombre del mencionado X, expedidas por diversas entidades bancarias, mediante las cuales se realizaron compras en comercios de Mar del Plata”, señaló el Tribunal Oral Federal en el fallo.
La investigación se inició luego de la denuncia del titular original del DNI. El hombre contó que había recibido el llamado de un estudio jurídico reclamándole una deuda bancaria desconocida. Tras revisar sus informes crediticios, descubrió que figuraban préstamos, tarjetas y una sociedad comercial creados a su nombre. La víctima aportó cartas documento, informes de Veraz y reportes de la AFIP que permitieron avanzar en la causa.
Pruebas documentales y pericias de la Policía Federal confirmaron que la fotografía insertada en el DNI adulterado correspondía al hoy condenado. El tribunal otorgó especial relevancia a la pericia fisonómica que determinó la coincidencia entre la imagen del documento falsificado y el imputado.
En el juicio abreviado acordado con la fiscalía, el hombre reconoció los hechos y aceptó las condiciones del trámite, en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal. La fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión bajo arresto domiciliario, atendiendo a la situación personal y familiar expuesta por la defensa.
Durante la audiencia final, la víctima participó y reclamó medidas para regularizar su situación ante los organismos impositivos, afectada por las graves consecuencias patrimoniales y reputacionales de la maniobra. El tribunal ordenó remitir copias certificadas de la sentencia a las entidades correspondientes.
El cumplimiento de la pena será bajo monitoreo electrónico en el domicilio de la madre del condenado, en La Matanza, por razones de salud y familiares. La mujer actuará como garante del cumplimiento, mientras que la defensa presentó informes médicos sobre el estado del imputado y de un hermano con discapacidad, elementos que influyeron en la modalidad morigerada.
El fallo también remarca el impacto económico de las estafas y la naturaleza de las conductas atribuidas. El hombre fue considerado autor penalmente responsable de adulteración de documento público, estafas reiteradas y defraudación especial mediante el uso de tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente.
Para fijar la pena, los jueces evaluaron la educación del acusado, su comprensión sobre el alcance de sus actos y el daño provocado. Aunque no se sumaron agravantes adicionales, se estableció el pago de las costas del proceso y la obligación de notificar a los organismos nacionales pertinentes para la actualización de sus antecedentes penales.
