Un comerciante jujeño fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por contrabando y lavado de dinero, en el marco de una investigación que culminó con el secuestro de bienes valuados en más de 500 millones de pesos.
Según informaron fuentes, la sentencia fue homologada por el juez federal de Garantías N.º 1 de Jujuy, Esteban Hansen, tras un acuerdo de juicio abreviado.
El condenado, identificado como Miguel Ángel Bautista, fue declarado culpable de contrabandear 18 toneladas de hierro de origen peruano, intentar sacar del país un colectivo valuado en 26 millones de pesos y blanquear dinero a través de choferes de su empresa de transporte.
Entre los bienes incautados se encuentran dos camionetas Toyota Hilux SW4, un colectivo Mercedes Benz, un autoelevador, una motocicleta Honda Tornado 250, teléfonos celulares, más de 125 millones de pesos, 2.100 dólares, 429 mil pesos bolivianos y mercaderías de distinto origen. Parte de los productos incautados, en particular alimentos perecederos, fueron entregados a una asociación civil que trabaja con personas con discapacidad.
La pesquisa estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, con intervención del fiscal de Casos Complejos Federico Zurueta y la auxiliar Valentina Casali, contando con el respaldo de Gendarmería Nacional y otros organismos especializados en delitos económicos.
Según explicaron, la investigación permitió reconstruir un entramado de operaciones ilícitas que Bautista habría desarrollado durante varios años en La Quiaca, utilizando su empresa de transporte como fachada.
Uno de los hechos centrales ocurrió en noviembre de 2023, cuando Gendarmería detectó un colectivo circulando con las luces apagadas cerca del límite con Bolivia. Bautista, que conducía la unidad, fue detenido a pocos metros del río La Quiaca.
Otro episodio clave se produjo en mayo de 2024, cuando se incautaron 18 toneladas de hierro transportadas con documentación falsa.
Durante diversos procedimientos realizados en 2022 y 2023, los investigadores detectaron a choferes de su empresa trasladando grandes sumas de dinero en efectivo. Los allanamientos posteriores confirmaron las maniobras de lavado de dinero y derivaron en el millonario decomiso de bienes.
Con la condena firme, la Justicia determinó que tanto el dinero como los bienes confiscados eran producto de actividades ilícitas vinculadas al contrabando y al blanqueo, por lo que pasarán a ser administrados por el Estado nacional.
