El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a dos hermanos y a un abogado a penas que van de los cuatro a los ocho años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio de tres mujeres, dos transgénero y una menor de edad, hechos ocurridos entre 2022 y 2023 en la ciudad bonaerense.
El caso incluyó además a una cuarta imputada, dueña de una de las viviendas donde se explotaba a las víctimas, quien recibió una pena de ejecución condicional por explotación de la prostitución ajena.
El fallo se ajustó al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal federal Agustín Carestia y el auxiliar fiscal Justo Sebastián, ambos del Área de Transición de la Unidad Fiscal Bahía Blanca.
El tribunal, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, José Fabián Asis y Marcos Javier Aguerrido, también ordenó el decomiso de dos propiedades ubicadas en las calles Tucumán al 1200 y Catamarca al 500, donde operaban los centros de explotación. Además, dispuso una reparación económica para las tres víctimas: dos recibirán 20 millones de pesos cada una, y la tercera obtendrá 13 millones.
La condena más severa recayó sobre Karina Carrasco, de 51 años, sentenciada a ocho años de prisión efectiva como autora del delito de trata de personas en las modalidades de captación y acogimiento respecto de las tres mujeres, y de traslado en uno de los casos, todo con fines de explotación sexual. La calificación se agravó por haber sido cometida contra tres víctimas, aprovechando su vulnerabilidad, con la participación de tres o más personas y por haberse consumado la explotación.
Su hermano, Santiago Carrasco, de 55 años, recibió cuatro años de prisión como partícipe secundario del mismo delito, dado que oficiaba como cuidador de uno de los lugares donde ocurrían los hechos y colaboraba en la captación. La pena quedó unificada en cinco años debido a una condena previa dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 del Departamento Judicial local.
El abogado José Andreatta, de 52 años, también fue condenado a cuatro años como partícipe secundario de la trata agravada y como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de DNI ajeno. Durante el juicio se acreditó que asesoraba legalmente a la principal imputada y recomendaba que las víctimas firmaran recibos de alquiler para simular desconocimiento de la explotación. Además, mantenía relaciones sexuales con ellas.
La cuarta condenada fue Marta Sanso, de 79 años, propietaria de uno de los departamentos utilizados para la explotación. Recibió dos años de prisión en suspenso como partícipe secundaria del delito de explotación de la prostitución ajena, al comprobarse que alquilaba el lugar sabiendo qué actividades desarrollaban allí los hermanos Carrasco.
