Luego de que el fiscal Pablo Turano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, solicitara que se tomara declaración indagatoria a Marcelo Porcel, imputado por presuntos abusos contra compañeros de sus hijos del Colegio Palermo Chico, el juez Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, resolvió citar al empresario para el próximo 18 de marzo a las 10 de la mañana.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la audiencia se realizará de manera virtual y no incluirá medidas restrictivas adicionales: no habrá orden de detención, ni retención del pasaporte, ni prohibición para salir del país, pese a que esas condiciones habían sido solicitadas por el fiscal en su requerimiento.
Esta determinación generó cierto malestar en un sector de la querella que, si bien reclamaba con insistencia la indagatoria, no quedó plenamente conforme con la resolución adoptada.
Porcel, de 51 años y representado por el abogado Roberto Rallin, enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante —agravado por la cantidad de presuntas víctimas—, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.
El expediente reúne hasta el momento diez presuntas víctimas. Sin embargo, son nueve las familias constituidas como querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos. Además, otro joven formuló una denuncia pero no se presentó formalmente en la causa. Todos cuentan con el patrocinio del abogado Pablo Hawlena Gianotti.
En enero pasado, y a pedido del fiscal Turano, el juez Bruniard habilitó la feria judicial para que declararan los tres últimos denunciantes incorporados por la querella. Como los peritajes psicológicos a los menores no pudieron completarse en ese momento, el trámite se concretó finalmente durante febrero.
El 22 de febrero, los especialistas intercambiaron sus conclusiones y posteriormente entregaron los informes oficiales. Para entonces, fuentes judiciales señalaban que se aguardaba que el expediente tomara “un nuevo impulso”. Otra persona con acceso a la causa había indicado que, tras la ampliación de denuncias realizada a fines de diciembre, era razonable que no hubiera novedades hasta comienzos de marzo.
La investigación se centra en hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Según consta en el expediente, el imputado habría desplegado un modus operandi consistente en ganarse la confianza de los amigos de sus hijos para invitarlos a sus domicilios y a su lugar de trabajo. Allí organizaba encuentros y celebraciones, les proporcionaba bebidas alcohólicas, promovía juegos, los incentivaba a realizar apuestas online y desafíos a cambio de dinero.
La denuncia inicial fue presentada en julio de 2024. Se lo acusa de llevar a los adolescentes a su vivienda ubicada en la calle Godoy Cruz y a su oficina sobre la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro, donde se desarrollaban esas reuniones. En ese contexto, presuntamente los incitaba a desnudarse de la cintura para abajo o les practicaba masajes con cremas en piernas y espaldas, y en algunas ocasiones habría llegado a tocar o rozar sus partes íntimas.
Para el fiscal, los hechos habrían sido ejecutados “de manera sistemática, organizada y premeditada”, aprovechando momentos en los que los jóvenes se encontraban bajo su guarda provisoria. También sostuvo que las conductas denunciadas se daban en ámbitos donde el acusado tenía control total de la situación, ya que además habría logrado generar confianza en los padres de los menores.
Desde el inicio del proceso, el juez Bruniard dispuso una restricción perimetral de 300 metros respecto de las presuntas víctimas, el Colegio Palermo Chico y el club GEBA, donde los chicos practican actividades deportivas.
Asimismo, el magistrado ordenó allanamientos en las propiedades y la oficina del empresario, con el secuestro de computadoras y teléfonos celulares. En dos de esos dispositivos, los peritos encontraron tres imágenes consideradas relevantes para la causa: en una se observa a un menor duchándose y en otra a un joven en ropa interior frente a una cama, aparentemente mientras se cambiaba. Dos de esas fotografías fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.
