La Fiscalía dispuso el allanamiento de los domicilios de los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que habían sido acusados de abusar de varias internas dentro del Penal N° 51 de Magdalena, ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de La Plata.
Las medidas habían sido autorizadas por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, titular del Juzgado Penal N° 4 de La Plata. En las próximas horas, además, estaban previstas las correspondientes indagatorias de los acusados.
Una fuente judicial había señalado que tanto el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como el Servicio Penitenciario Bonaerense habían entregado toda la documentación solicitada en el marco de la investigación. Ambos organismos habían mostrado una actitud colaborativa, por lo que el expediente judicial avanzaría con rapidez.
Quince agentes del SPB habían sido detenidos
En el marco de la causa, que había comenzado a investigarse en junio de este año, habían sido detenidos 15 agentes del SPB: ocho mujeres y siete hombres. La investigación estaba centrada en presuntos hechos de tortura, tormentos físicos y abusos sexuales contra mujeres privadas de su libertad en el Penal N° 51 de Magdalena.
Durante la madrugada de este martes, y a partir de una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo de Juan Pablo Masi, se habían concretado las detenciones en diferentes dependencias penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.
Las autoridades habían indicado que el objetivo de las medidas había sido preservar elementos de prueba vinculados con la investigación y poner a los involucrados a disposición de la Justicia.
Cómo se habían iniciado los hechos investigados
Los episodios que habían dado origen a la causa se habrían producido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente. La denuncia había sido presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N° 11 de La Plata.
Según la presentación, integrantes del personal penitenciario habían ingresado a uno de los pabellones luego de una pelea menor entre dos internas. Durante el procedimiento, los efectivos habían utilizado gas pimienta dentro de espacios cerrados y habían impedido la salida de las detenidas.
De acuerdo con la denuncia, las internas habían sido obligadas a desnudarse delante de efectivos masculinos. Frente a la resistencia de algunas de ellas, los agentes señalados habrían utilizado prácticas de violencia física consideradas severas.
Quiénes eran los 15 detenidos
Entre las personas detenidas figuraban ocho mujeres y siete hombres que cumplían distintas funciones dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.
- Alcaide Mayor (EG) Daiana Belén Balmaceda, jefa de Vigilancia y Tratamiento: para el fiscal, había sido sindicada como autora del delito de tortura en relación con tres víctimas y como coautora de abuso sexual agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad.
- Alcaide María Belén Toledo, subjefa de Vigilancia: en el expediente habían surgido elementos suficientes para considerarla autora del delito de tortura contra cuatro víctimas y de abuso sexual agravado.
- Alcaide (EG) Daiana Ayelén Villafañe, coordinadora de Régimen Abierto: los investigadores habían reunido elementos para señalarla como autora del delito de tortura contra cuatro víctimas y partícipe necesaria de abusos sexuales agravados.
- Alcaide (EG) Antonela Belén Cingolani, jefa de Requisa: había sido acusada por los delitos de tortura y abuso sexual agravado.
- Adjutor (EG) Agustina Ailén Orona, encargada de Turno: había sido acusada de torturas con abuso sexual y de facilitar que los hechos fueran cometidos contra al menos cuatro víctimas.
- Adjutor (EG) Florencia Anahí Ortiz, inspectora de Vigilancia: había sido acusada de abuso sexual y torturas contra cuatro detenidas.
- Prefecto Mayor (EP) Raquel Noemí Boccardo, enfermera: había sido señalada como partícipe necesaria del delito de tortura contra dos detenidas.
- Suboficial Principal (EG) Gisela Mailín Iguarán, personal de Guardia: había sido acusada de torturas y abuso sexual agravado contra cuatro detenidas.
- Inspector Mayor (EG) Carlos Miguel Tocci, subdirector de Seguridad: había sido señalado como partícipe necesario de las torturas contra cuatro internas, además de coautor del delito de abuso sexual y partícipe necesario.
- Inspector Mayor (EG) Juan Manuel Villena, subdirector de Régimen: había sido considerado partícipe necesario de los delitos de tortura y abuso sexual contra una detenida.
- Prefecto Mayor (EG) Miguel A. Eduardo Villota, subdirector de Inclusión: había sido acusado como partícipe necesario de tortura y abuso sexual agravado contra cuatro detenidas.
- Prefecto Mayor (EG) Facundo Sebastián Medina, jefe de Turno: había sido acusado de tortura y abuso sexual contra una víctima.
- Cabo (EG) Lucas Germán Dama: había sido acusado de tortura contra cuatro internas y de participar necesariamente en un abuso sexual agravado.
- Guardia Carlos Alberto Salice, personal del SPB: había sido acusado de tortura contra cuatro internas y de participación necesaria en el delito de abuso sexual doblemente agravado.
- Guardia (EG) Juan Antonio Juajena, personal del SPB: había sido acusado de tortura contra cuatro internas y de participación necesaria en el delito de abuso sexual doblemente agravado.
