Una mujer que había sido detenida en la provincia de Salta por maniobras irregulares vinculadas a licencias de conducir fue imputada en las últimas horas por el delito de administración fraudulenta. Según se informó, seguirá privada de su libertad mientras continúa la investigación. En la audiencia, optó por no declarar.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, realizó la imputación provisoria contra la acusada, quien había sido arrestada el pasado 8 de abril tras una denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul, encargada de realizar estudios psicofísicos. La presentación señalaba la validación de casi 3.500 aptos médicos sin que se hubieran efectuado las evaluaciones correspondientes.
Durante la audiencia, la mujer contó con la asistencia de un abogado particular y decidió hacer uso de su derecho a no responder preguntas ni prestar declaración ante la Fiscalía, indicando que lo haría por escrito. Antes de finalizar la jornada, la fiscal solicitó que se mantenga su detención mientras se profundizan las tareas investigativas.
La intervención del Ministerio Público Fiscal se originó a partir de una denuncia realizada el 23 de diciembre por el apoderado de la empresa contra una empleada administrativa.
De acuerdo con lo expuesto, la clínica —prestadora de estudios psicofísicos para licencias profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)— detectó, tras una revisión interna, la posible emisión de comprobantes por servicios no realizados y la carga en el sistema oficial REPRE de certificados de aptitud correspondientes a personas que no habían sido atendidas.
A raíz de esta situación, se solicitó un informe a la Agencia sobre los aptos emitidos durante 2025 y se procedió a modificar las claves de acceso. El cruce entre el sistema interno GoMedisys y el REPRE permitió identificar una diferencia de 3.477 certificados cargados sin respaldo en atenciones reales, lo que implicó que ese mismo número de personas fue considerado apto sin controles médicos.
En paralelo, la empleada involucrada había presentado su renuncia el 12 de diciembre, aunque el 22 de ese mes se registraron seis nuevos aptos irregulares utilizando otro usuario.
La Unidad de Investigación UDEC del CIF llevó adelante el análisis de los sistemas informáticos y el cruce de bases de datos, lo que permitió vincular las maniobras con la sospechosa, quien habría generado recibos por prestaciones inexistentes. Además, se solicitó información a entidades bancarias y plataformas digitales con el objetivo de rastrear las operaciones realizadas.
Finalmente, una pericia contable detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos registrados en cuentas, con transferencias de terceros que coincidían con personas incluidas en los registros de la clínica.
