La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante en los últimos días una serie de allanamientos en la ciudad de Rosario con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero narco. Los procedimientos se centraron en el seguimiento de inversiones realizadas por una organización criminal que habría importado 750 kilos de cocaína hacia fines de 2025.
La pesquisa se enmarca en una causa por presunto lavado de dinero, iniciada luego de la detención de trece integrantes de la banda en noviembre de ese mismo año. A partir de allí, los investigadores profundizaron el análisis de las maniobras económicas vinculadas al tráfico de estupefacientes.
Por disposición de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se realizaron operativos en oficinas del Grupo Roma, ubicadas en la zona de Puerto Norte, y también en la sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), en el centro de la ciudad.
El proceso judicial, enfocado en las operaciones financieras derivadas del narcotráfico a gran escala, incluyó la presentación e incautación de documentación. La medida apunta a esclarecer el circuito económico que habría permitido legitimar activos provenientes de la comercialización de droga.
En la causa, identificada como FRO 11201/2026, el principal sospechoso es Ariel Fernando Suppa, señalado como organizador y financista de la red. En una primera instancia, los investigadores allanaron la inmobiliaria JR Negocios Inmobiliarios, situada en Córdoba al 1400, aunque constataron que la firma ya no funcionaba en ese lugar desde hacía al menos cinco años.
Posteriormente, los agentes se dirigieron a las oficinas de Grupo Roma, en avenida Carballo 186, donde secuestraron documentación vinculada a la causa. El operativo también alcanzó la sede del sindicato Urgara, en San Lorenzo 2067, donde el secretario adjunto, Andrés Enz, entregó dos boletos de compraventa inmobiliaria.
En paralelo, trascendió que parte de la investigación se relaciona con el hallazgo previo de 52 kilos de cocaína atribuidos a Suppa, lo que refuerza las sospechas sobre su rol dentro de la estructura criminal.
Por su parte, el titular de Grupo Roma, Pablo Cofano, emitió un comunicado para despegar a la firma de cualquier irregularidad. “Por disposición del fiscal federal Juan Argibay Molina, se ordenó una medida de presentación (no se trató de un allanamiento) para requerir documentación vinculada a la venta de tres lotes”, explicó.
En el mismo escrito, Cofano sostuvo que la desarrolladora cumplió con todos los requerimientos judiciales y entregó la información solicitada a los fiscales Andrés Carro Rey y Argibay Molina. Además, aclaró que también se pidió información sobre la supuesta venta de otros tres lotes, operación que —según indicó— nunca se concretó.
“Solo existió una reserva entre el imputado y una inmobiliaria externa, no vinculada a la desarrolladora, que ofrecía terrenos que no eran de su propiedad”, concluyó el empresario en su descargo.
