Las recientes protestas en Ucrania contra una controvertida decisión del presidente Volodímir Zelenski tuvieron eco internacional y despertaron críticas tanto del G7 como de la Unión Europea. La reacción se produjo luego de que el mandatario firmara una ley que puso fin a la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción (SAP), dos organismos clave en la lucha contra la corrupción y que contaban con el respaldo de Estados Unidos.
Miles de ciudadanos se movilizaron en diversas ciudades como Kiev, Lvov, Odesa y Dnipro para manifestar su descontento. En la capital, más de mil personas se congregaron frente a la oficina presidencial al grito de “vergüenza”, “veta la ley” y “Zelenski es un demonio”. De acuerdo con ese medio, se trata de una de las mayores manifestaciones contra el presidente desde el inicio de la guerra con Rusia.
La nueva norma establece la subordinación directa de la SAP al fiscal general, quien ahora podrá supervisar las investigaciones de la NABU, exigir el envío de causas y dar instrucciones sobre su desarrollo.
La decisión generó rechazo en los países del G7 —Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido— y en la Unión Europea. En un comunicado conjunto, los embajadores del grupo señalaron: “Todos compartimos el compromiso de apoyar la transparencia, la independencia de las instituciones y la buena gobernanza, y valoramos nuestras alianzas en Ucrania para combatir juntos la corrupción”.
Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, también expresó su preocupación y remarcó que “estas instituciones son cruciales para la agenda de reformas de Ucrania y deben operar de forma independiente para combatir la corrupción y mantener la confianza pública”.
