El Departamento Judicial de La Matanza llevó adelante el mayor operativo contra la distribución digital de material de abuso sexual infantil en su jurisdicción, a partir de una investigación iniciada tras reportes internacionales. El procedimiento, denominado “Nueva Era V”, concluyó con la detención de cinco sospechosos y la identificación de otros 16 imputados, entre ellos tres menores de edad, en una amplia serie de operativos simultáneos.
Las autoridades ordenaron 32 allanamientos coordinados en distintas localidades del partido, entre ellas González Catán, La Tablada, Aldo Bonzi, Virrey del Pino, Lomas del Mirador, Rafael Castillo, Ramos Mejía, Isidro Casanova, San Justo, Gregorio de Laferrere, Villa Celina y Villa Luzuriaga.
Las tareas fueron llevadas adelante por personal especializado en cibercrimen y trata de personas de la Policía Bonaerense.
Entre los domicilios inspeccionados, uno pertenecía a un efectivo policial que en un primer momento aparecía vinculado a la causa por un número telefónico detectado durante la investigación.
El operativo finalizó con la detención de cinco sospechosos y la identificación de 16 imputados adicionales. Sin embargo, tras el análisis de sus dispositivos y el seguimiento de la cuenta de Instagram señalada, no se encontraron evidencias que lo relacionaran con la actividad investigada.
Las primeras sospechas sobre el uniformado surgieron a partir del uso de su número en videojuegos en línea, donde, según la pesquisa, habría sido difundido por sus hermanos menores de edad. Esto permitió finalmente descartar su participación y evitar una imputación formal.
Los procedimientos, que se difundieron en las últimas horas, se realizaron el 18 de febrero pasado bajo la supervisión de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil, a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, con la intervención de seis jueces de garantías.
La investigación se inició a partir de reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que alertaron sobre usuarios que compartían y distribuían este tipo de material de forma masiva desde Argentina.
A partir de estos informes, se pudo reconstruir un mapa detallado de contactos, actividades y domicilios de los sospechosos, lo que permitió avanzar con tareas de campo y análisis digital a cargo de especialistas en delitos informáticos.
Uno de los resultados más relevantes fue el secuestro de 46 teléfonos celulares, 12 computadoras, una tablet y nueve dispositivos de almacenamiento. También se incautaron otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible relación con la causa.
Durante los allanamientos, equipos interdisciplinarios lograron identificar al menos dos menores víctimas de explotación sexual, mientras que una tercera se encuentra en proceso de reconocimiento. En todos los casos se activaron protocolos de contención y protección para las niñas y niños afectados.
Según la información oficial, las maniobras investigadas incluían la producción, almacenamiento, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil, con conexiones tanto dentro del país como en el exterior.
Los investigadores también detectaron vínculos operativos con personas radicadas fuera de Argentina, lo que refuerza la hipótesis de redes transnacionales dedicadas a la explotación digital de menores.
De acuerdo con el comunicado policial, el operativo representó un avance significativo al permitir desarticular estructuras delictivas, identificar responsables y fortalecer la protección de las víctimas, en el marco de una política orientada a la persecución de delitos complejos y la defensa de los derechos de la infancia.
