La Fiscalía en turno Nº8 de La Plata investiga presuntas estafas atribuidas a una banda de supuestos efectivos que ofrecían trabajos inexistentes en el Servicio Penitenciario Bonaerense. En los últimos meses, numerosos damnificados realizaron presentaciones ante la Justicia.
De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, una mujer —identificada como Macarena Sánchez— se presentaba como presunta jefa de un área y ofrecía oportunidades laborales dentro del organismo. Para avanzar con el supuesto ingreso, solicitaba documentación personal sensible, entre ella DNI, CUIL, certificados de estudio, antecedentes penales, domicilio y partida de nacimiento.
Las denuncias señalan que, además, imponía la participación obligatoria en trabajos prácticos, entrenamientos en espacios públicos y reuniones virtuales, bajo advertencias de excluir a quienes no cumplieran con las consignas.
Según relataron los afectados, más de 200 personas habrían sido alcanzadas por la maniobra, y muchas de ellas incluso renunciaron a sus empleos al confiar en la autenticidad de la propuesta.
Siempre según las presentaciones judiciales, la acusada no habría actuado sola. Estarían involucrados presuntos colaboradores identificados como Mauro Paz, Ezequiel Papeti —quien se presentaría como instructor— y Jonathan García, que se hacía pasar por oficial. Los denunciantes sostienen que estas personas manejaban información privada de los postulantes.
El caso fue denunciado formalmente en la DDI La Plata y quedó bajo la órbita de la Fiscalía en turno Nº8 de La Plata, encabezada por Martín Almirón, con la calificación provisoria de presunta estafa y posible uso indebido de cargos públicos.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que existirían fotos, videos y documentación que respaldarían los testimonios aportados por los damnificados.
En tanto, esta semana un grupo de afectados prevé presentarse en las oficinas de la DDI para ampliar las acusaciones y aportar nuevas pruebas a la causa.
Desde el entorno de los denunciantes remarcaron que el objetivo de hacer pública la situación es alertar a la comunidad y evitar que más personas resulten perjudicadas. Asimismo, recomendaron no entregar datos personales sin verificar previamente la legitimidad de las convocatorias y radicar la denuncia ante organismos oficiales en caso de sospechas.
