Un concejal de la provincia de Neuquén fue imputado por el delito de “lesiones graves” luego de protagonizar un violento ataque a tiros contra otro hombre. De acuerdo con la investigación, el funcionario efectuó varios disparos que impactaron en ambas piernas y en un pie de la víctima, en un hecho que estaría relacionado con una supuesta represalia por un robo.
El acusado es Sebastián José Miguel Ávila, integrante del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, localidad situada a unos 110 kilómetros de la capital provincial. El edil forma parte del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y es uno de los siete representantes del cuerpo legislativo local.
Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el episodio ocurrió el 11 de enero, cerca del mediodía, en un predio rural ubicado en una zona de chacras. En ese contexto, Ávila llegó en una camioneta roja acompañado por otras tres personas que hasta el momento no fueron identificadas.
En el lugar se encontraba la víctima junto a otro hombre. Siempre de acuerdo a la fiscalía, el concejal descendió del vehículo con un arma calibre 9 milímetros y comenzó a disparar. Cuando el damnificado intentó acercarse para reclamar, recibió un tiro directo y luego más disparos que terminaron hiriéndolo en ambas piernas y en un pie.
El asistente letrado del MPF, Matías Alonso, detalló que mientras la víctima trataba de defenderse, uno de los acompañantes del imputado le propinó un golpe en la cabeza con la culata de un arma. Al mismo tiempo, otras personas también atacaron físicamente al acompañante del hombre baleado.
Producto de la agresión, el herido sufrió lesiones de gravedad y debió afrontar un período de recuperación superior a los 30 días. El hecho se registró en una zona rural de Plaza Huincul, según precisaron fuentes del MPF.
Durante la audiencia que se llevó a cabo el viernes pasado, el juez de garantías Ignacio Pombo tuvo por formulados los cargos contra Ávila por “lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de autor”. Además, estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación.
En paralelo, el magistrado dispuso una medida de coerción que obliga al concejal a no mantener contacto con la víctima ni realizar acciones de intimidación o perturbación durante ese período.
