El cuerpo de la mujer fue encontrado este sábado. Hace dos días que el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta había solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Mirta Adela Herrera, una mujer de 55 años, que había sido denunciada como desaparecida por su hija. Finalmente, la causa derivó en una averiguación de muerte, luego de que hallaran su cuerpo en un monte.
Después de que se difundiera la búsqueda, el cadáver fue encontrado este sábado en un descampado de la localidad de Joaquín V. González. Según informaron fuentes oficiales del caso, fue reconocida por transeúntes en una zona de monte cercana a su domicilio, situado en el barrio El Alto.
Tras el aviso a la Policía de Salta, la fiscal María Celeste García Pisacic, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, dispuso la intervención del personal de Criminalística y de la División Bomberos en el lugar del hallazgo. Entre las medidas adoptadas, la investigadora ordenó la realización de una autopsia para establecer con exactitud la causa y el momento de la muerte.
Según la información publicada por El Tribuno, la denuncia había sido presentada por la hija de Herrera, quien señaló que su madre estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Este detalle llevó a la activación inmediata del protocolo de búsqueda de personas extraviadas, pero, a pesar de la rápida intervención, la situación concluyó con el descubrimiento del cuerpo durante la tarde del sábado.
La mujer había sido denunciada como desaparecida el 24 de septiembre. Aunque no se dieron detalles de la condición psicológica en la que se encontraba, las autoridades indicaron que Mirta faltaba de su hogar desde el miércoles 24. Asimismo, precisaron que medía 1,60 metros, tenía el cabello teñido en tonos rojizos y solía llevar un collar con la imagen de la Virgen de Huachacana.
Mientras tanto, en otra investigación en Salta, la Justicia anunció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Rosmery Aramayo Torrez, desaparecida desde enero y presuntamente víctima de femicidio. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a pedido de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial de Tartagal, bajo la dirección del doctor Gonzalo Ariel Vega, en una causa caratulada como “Homicidio calificado por el vínculo y el género (femicidio)”.
La resolución especifica que la recompensa se destina a personas que no hayan participado en el hecho delictivo y puedan ofrecer datos útiles para hallar restos óseos o humanos de Rosmery, o información precisa sobre posibles hallazgos en la Ruta Provincial 54 o en el trayecto hacia el Rancho El Ñato (Ruta Provincial 146).
Según la investigación, el caso de Rosmery se remonta al 17 de enero, cuando la mujer habría salido de su domicilio en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza junto a su pareja, José Eduardo Miranda, a bordo de una camioneta Ford Ranger roja. A partir de allí, los investigadores sospechan que ambos tomaron la Ruta Nacional 34 y luego la Ruta Provincial 54. Horas después, Miranda regresó solo y lavó el vehículo. Desde ese momento no se volvió a tener noticias de la mujer ni se estableció el destino de la pareja.
La Fiscalía sostiene que, tras tomar la Ruta Provincial 54, el hombre habría asesinado a Aramayo Torrez, con la presunta participación de José Alfredo Miranda, hijo de ambos. Sin embargo, hasta la fecha, los restos de la víctima no han sido encontrados.
Al momento de ser indagado, la pareja de la mujer denunció que se trató de un abandono voluntario, tras contar que viajaron a Yacuiba (Bolivia) por pasos no habilitados, donde supuestamente Rosmery decidió terminar la relación y marcharse con un desconocido. Su relato fue desmentido por los registros de las cámaras de seguridad.
La desaparición fue advertida por Kimberly Torres, hija de un matrimonio anterior que tuvo la mujer y actual residente en Tarija (Bolivia), quien alertó a la familia al no recibir comunicación ese día. La fiscalía confirmó antecedentes de violencia de género en la pareja, aunque evitó brindar detalles.
Todos los rastrillajes realizados hasta el momento dieron resultados negativos. La búsqueda se concentró en la zona de Pozo La Yegua, donde el acusado afirmó que Rosmery cayó al agua tras un desmoronamiento de tierra. A pesar de este dato, los operativos con drones y la colaboración de la comunidad no lograron avances. También se inspeccionaron áreas cercanas al Rancho El Ñato y una laguna en El Chivil, sin hallazgos.
El 1 de febrero detuvieron al hijo mayor de la pareja, imputado como partícipe primario por presunta colaboración en la desaparición. Sin embargo, José Alfredo recuperó la libertad bajo medidas sustitutivas y sigue vinculado a la causa.
Por otro lado, perros especializados inspeccionaron la vivienda y la camioneta de Miranda, sin detectar restos biológicos o humanos, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta. Además, el hijo menor del matrimonio, de 7 años, quedó bajo el cuidado de familiares paternos por decisión judicial.
Desde la desaparición, la familia de Rosmery organizó marchas en Salvador Mazza y otras localidades para exigir justicia. Los investigadores sostienen que el móvil del crimen estaría relacionado con disputas económicas y patrimoniales, ya que “ella tenía propiedades y parece que él quería quedarse con ellas”. Mientras tanto, su pareja permanece bajo prisión preventiva, inicialmente por cuatro meses, prorrogables por igual período.
