Una familia de Mar del Plata aseguró haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria luego de intentar alquilar una vivienda en La Plata en medio de una situación urgente. La mudanza, según explicaron, estaba motivada por razones familiares, laborales y de salud.
De acuerdo con el relato de Gabriela, integrante del grupo familiar, la búsqueda del inmueble respondía a una necesidad concreta: su padre, residente en la capital bonaerense, atraviesa problemas de salud y requiere cuidados especiales. Paralelamente, tanto ella como su pareja trabajan en el Servicio Penitenciario y necesitaban concretar un traslado laboral hacia esa ciudad.
En ese contexto, la familia tomó contacto con un martillero y corredor de bienes raíces de Mar del Plata, quien era pareja de una conocida. La intermediación generó confianza y derivó en la propuesta de un departamento ubicado en las inmediaciones de la Unidad N.° 9, en la zona de calle 9 bis y 85.
Según Gabriela, la operación avanzó bajo la premisa de que el corredor contaba con actividad inmobiliaria tanto en Mar del Plata como en La Plata. Para reservar la vivienda, se les solicitó la presentación de garantías, recibos de sueldo y documentación respaldatoria.
La familia firmó una oferta ad referéndum en la que se establecían condiciones específicas: si la mudanza no se realizaba antes del 31 de enero o si la propietaria rechazaba la propuesta, el acuerdo quedaría sin efecto. Sin embargo, el corredor pidió igualmente el envío de la documentación y argumentó que la dueña necesitaba un anticipo y un mes de adelanto para liberar el inmueble.
El inconveniente surgió cuando la familia advirtió que la propietaria no estaba informada sobre la fecha límite prevista para la desocupación. A pesar de ello, se efectuó una transferencia por $1.100.000 al supuesto corredor, quien aseguró que el dinero era necesario para que la dueña pudiera alquilar otro departamento.
Tras concretar el pago y conservar los comprobantes, dejaron de recibir respuestas a los llamados y mensajes.
La situación se agravó cuando Gabriela intentó avanzar con la mudanza. Al presentarse en la vivienda, ningún representante de la inmobiliaria acudió a mostrar el departamento. Luego de dialogar con la madre de la propietaria y constatar que no había avances, decidió comunicarse directamente con la dueña.
De acuerdo con su testimonio, la mujer afirmó desconocer la operación, no haber firmado documentación ni haber recibido suma alguna. Además, aseguró no estar al tanto de la mudanza. Ante la falta de acuerdo, la propietaria desistió de la negociación. Según la cláusula firmada, el dinero debía ser reintegrado, algo que nunca ocurrió.
La familia aguardó hasta el 31 de enero, fecha prevista originalmente para el traslado, sin obtener la devolución del monto ni novedades concretas. En cambio, afirmaron haber recibido respuestas evasivas, amenazas e intentos de impedir el contacto directo con la propietaria.
El perjuicio económico obligó al grupo familiar a solicitar un préstamo y a redestinar fondos previstos para la mudanza hacia un nuevo alquiler. Esa operación implicó, según detallaron, un desembolso cercano a $1.500.000 entre depósito y adelantos.
Actualmente, la familia debe sostener un esquema de viajes constantes entre Mar del Plata y La Plata. Gabriela se traslada los miércoles por la noche y regresa los sábados de madrugada, mientras que su esposo realiza el recorrido inverso los fines de semana, una dinámica que estiman mantener al menos hasta el 1° de marzo.
Gabriela también señaló que, según su conocimiento, las personas involucradas habrían sido funcionarias públicas exoneradas por delitos económicos y que actualmente se dedicarían al alquiler y subarriendo de propiedades, incrementando los valores de manera irregular.
La denuncia por estafa fue presentada y derivada al área de delitos económicos, donde el caso continúa bajo investigación. La familia pidió que el expediente avance, al sostener que el daño sufrido no solo es económico, sino también emocional y laboral.
