La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el gobierno de Donald Trump incrementó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. La medida lo coloca por encima de jefes terroristas y narcotraficantes en la lista de los más buscados por Washington.
En un mensaje difundido en redes sociales, Bondi acusó a Maduro de operar junto a organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos, con el objetivo de introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. Según la funcionaria, la DEA ha decomisado hasta el momento 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y sus colaboradores, de las cuales cerca de siete toneladas estarían directamente vinculadas a él. Esta actividad, aseguró, representa una fuente clave de ingresos para cárteles con base en Venezuela y México, y en muchos casos la droga incautada estaba mezclada con fentanilo, una combinación que ha provocado numerosas muertes en suelo estadounidense.
Bondi también informó que el Departamento de Justicia confiscó más de 700 millones de dólares en activos ligados al mandatario venezolano, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos. Sin embargo, advirtió que el “régimen de terror” continúa y calificó a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza para la seguridad nacional”. Por eso, dijo, se decidió duplicar la recompensa. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia”, subrayó, instando a cualquier persona con información a llamar al 202 307 4228 o a comunicarse en línea.
Por su parte, el subsecretario de Estado de EEUU, Cristóbal Landau, señaló que la relación con Venezuela no es un asunto diplomático sino de aplicación de la ley, ya que el país “ha sido secuestrado por una banda criminal”. En su cuenta de X, Landau reiteró que Maduro no es considerado un gobernante legítimo, sino el líder de un cártel.
El dirigente venezolano enfrenta en Estados Unidos cargos por conspiración para el narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. La acusación, presentada en 2020, es un hecho poco común contra un jefe de Estado en funciones.
El mes pasado, la administración Trump alcanzó un acuerdo para liberar a 10 ciudadanos estadounidenses encarcelados en Caracas a cambio de que Venezuela aceptara el regreso de migrantes deportados desde Estados Unidos a El Salvador, dentro de su política migratoria. Posteriormente, la Casa Blanca flexibilizó sanciones y permitió a Chevron retomar operaciones de perforación en el país sudamericano.
En julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral —controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela— declaró ganador a Maduro en los comicios presidenciales. Sin embargo, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia respaldaron los resultados paralelos publicados por la oposición, que dieron como vencedor a Edmundo González Urrutia con un 67 % frente al 30 % de Maduro. La coalición opositora, liderada por María Corina Machado, presentó miles de actas que, según su revisión, demuestran un fraude electoral.
González Urrutia abandonó el país pocos meses después y se radicó en España. En respuesta, el chavismo emitió una orden de captura contra él y ofreció 100.000 dólares de recompensa.
En enero de este año, bajo la administración de Joe Biden, Washington ya había incrementado la recompensa por Maduro de 15 a 25 millones de dólares, en el marco de sanciones y medidas contra lo que calificó como una “investidura ilegítima”.
