Entre Ríos: jurado popular declaró culpables a dos policías por abuso sexual a menores bajo resguardo estatal

Los abusos ocurrieron en julio de 2016. Las víctimas tenían 13 y 15 años. Las penas para los condenados se conocerán el próximo viernes.

Un jurado popular declaró culpables a dos policías por abuso sexual a dos menores que estaban bajo resguardo estatal en Entre Ríos.Foto Sede Judicial de Paraná.

Tras seis jornadas de debate a puertas cerradas en los tribunales de Paraná, este sábado un jurado popular declaró culpables a dos policías por abuso sexual a dos menores en Entre Ríos. La audiencia de cesura para definir la pena que deberán cumplir los ahora condenados se realizará el viernes próximo.

El caso involucró a Ezequiel Alejandro García y Samuel Enrique Morel, integrantes de la Policía de Entre Ríos. Ambos enfrentaron cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de personal policial, en calidad de autor y partícipe necesario, respectivamente.

La acusación se centró en hechos ocurridos durante la madrugada del 5 de julio de 2016, en un vagón de tren perteneciente a la Sección Guardia Especial. El episodio tuvo lugar en el predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, ubicado sobre calle Pascual Palma.

Las víctimas eran dos adolescentes de 15 y 13 años que se encontraban alojadas en la Residencia Mujercitas, una dependencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Ambas estaban bajo resguardo estatal debido a situaciones de violencia intrafamiliar y habían sido localizadas luego de ausentarse de la institución.

La investigación judicial se inició a partir de la denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N°8. El expediente avanzó tras la atención médica de una de las jóvenes en el Hospital San Roque, donde se constataron lesiones compatibles con abuso sexual.

Durante el proceso, la causa llegó a involucrar a siete efectivos policiales. Según consta en el expediente, dos resultaron sobreseídos, mientras que otros tres acordaron penas de ejecución condicional en juicios abreviados. Estos últimos fueron acusados de omitir actuar ante un delito en flagrancia. Se trata de Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, a quienes se les atribuyó responsabilidad funcional pese a no haber participado directamente de los abusos.

La investigación continuó con foco en Morel y García. En 2020, el juez Alejandro Grippo declaró la nulidad de la imputación original contra Morel como autor de uno de los abusos. La decisión se basó en que la adolescente de 15 años nunca formalizó denuncia contra él y reiteró ante la Justicia que no había sido víctima de abuso por parte de ese efectivo. Desde entonces, Morel quedó vinculado al expediente como partícipe necesario.

El juicio se desarrolló bajo la modalidad de jurado popular, convirtiéndose en el primero del año en la capital entrerriana. El acceso al público estuvo restringido con el objetivo de resguardar la intimidad de las víctimas, conforme a lo establecido por la legislación vigente para delitos contra la integridad sexual.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti. La querella fue ejercida por Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld. Por el Superior Gobierno de Entre Ríos intervino el abogado Julián Gracia. En tanto, las defensas de Morel y García estuvieron a cargo de Damián Pettenati, Iván Vernengo y Claudio Berón.

El debate judicial se extendió durante seis jornadas, en las que se escucharon testimonios de víctimas, testigos y peritos.

La última audiencia fue presidida por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa. El magistrado determinó que la situación procesal de los condenados se mantendrá sin cambios hasta la audiencia de cesura.

La resolución del jurado fue informada oficialmente por el Poder Judicial de Entre Ríos, que precisó que la audiencia en la que se definirá la pena se realizará el 20 de febrero a las 9. Hasta entonces, los condenados continuarán detenidos en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

De esta manera, el caso se encamina a su cierre casi una década después de los hechos.

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