Luego de aprobar el Presupuesto 2026, el Senado sancionó este viernes por la noche la ley de inocencia fiscal, una norma que introduce cambios en el Régimen Penal Tributario y actualiza montos que habían quedado desfasados por la inflación. Entre sus objetivos, también apunta a facilitar la reincorporación de los llamados “dólares del colchón”. El proyecto fue avalado con 43 votos afirmativos y 26 negativos, y no generó grandes objeciones en el recinto, aunque el Ejecutivo asumió el compromiso de reforzar un punto clave vinculado a las multas automáticas para evitar impactos negativos en pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa establece una fuerte actualización de los valores que configuran el delito de evasión. En el caso de la evasión simple, penada con entre dos y seis años de prisión, el umbral pasará de $1.500.000 a $100.000.000. Para la evasión agravada, cuya pena va de tres años y seis meses a nueve años de cárcel, el monto se elevará de $15.000.000 a $1.000.000.000. En este último supuesto, cuando existan personas humanas o jurídicas interpuestas, estructuras societarias, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes para ocultar al verdadero sujeto obligado, el monto evadido deberá superar los $200.000.000, en lugar de los $2.000.000 vigentes hasta ahora.
Un esquema similar se aplicará al uso total o parcial de facturas u otros documentos equivalentes, ideológica o materialmente falsos. En esos casos, el perjuicio económico exigido para configurar el delito será de más de $100.000.000, muy por encima de los $1.500.000 actuales.
Durante el debate, la oposición puso el foco en el régimen de multas automáticas previsto en la ley, que tendría incrementos superiores al 110.000%. Según advirtieron tributaristas en las últimas semanas, a modo de ejemplo, la sanción del artículo 38 pasaría de $200 a $220.000 para personas físicas, y de $400 a $440.000 para personas jurídicas. Frente a estos cuestionamientos, el Ejecutivo prometió introducir correcciones en la reglamentación.
Al defender el proyecto, el senador libertario y presidente de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), sostuvo que la reforma “no pretende ser una ley ad eternum” y remarcó que la inflación generó un desajuste que dejó obsoletos los umbrales vigentes. También habló de un “sistema de asimetrías” que afecta a la mayoría de los contribuyentes y provoca diferencias entre las declaraciones juradas y lo que presume el organismo recaudador. Recordó, además, que intentos previos de debatir el tema en el Senado fracasaron por falta de quórum. En Diputados, el impulso decisivo llegó desde la comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado.
Desde la oposición, el senador Martín Soria cuestionó que la norma perjudica a pequeños contribuyentes y pymes, y protagonizó cruces con otros legisladores. En la misma línea crítica, el peronista Adán Bahl advirtió sobre posibles conflictos judiciales e impositivos y propuso, sin éxito, que el texto regresara a comisión.
A favor del proyecto, la senadora Andrea Cristina afirmó que el cambio de enfoque permitirá optimizar la asignación de los recursos de fiscalización. Desde la UCR, Maximiliano Abad respaldó la ley, aunque aclaró que no puede equipararse la situación de un gran empresario con la de un pequeño comerciante, y agradeció la apertura del oficialismo para contemplar observaciones en la reglamentación.
Las críticas continuaron con el senador Fernando Salino, quien cuestionó la urgencia del tratamiento y alertó sobre una cesión de facultades de las provincias en materia de prescripción. La respuesta llegó de la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, quien aseguró que la norma no tiene un fin recaudatorio y busca que las personas puedan utilizar su dinero sin vivir bajo una amenaza permanente. Habló de poner fin a la persecución fiscal y recordó que la ley original data de 1932 y que su última actualización había sido en 1998.
