El Gobierno confirmó que enviará un proyecto para tratar la Ley de Financiamiento Universitario. Luego de que el Ejecutivo analizara incorporar al temario una nueva iniciativa orientada a compensar lo dispuesto en la normativa vigente, se oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. De este modo, el período se extenderá hasta el 28 de febrero.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 103/2026, publicado en el Boletín Oficial. Mediante esa disposición, el presidente Javier Milei autorizó ampliar el plazo inicialmente previsto para el período extraordinario. El texto estableció: “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026”.
En este contexto, se añadirá una jornada adicional al cronograma legislativo. La modificación responde a la norma interna de la Cámara de Diputados, que indica que, cuando restan diez días o menos para el cierre de sesiones, la emisión de dictámenes específicos puede quedar sin efectos prácticos.
Asimismo, el jefe de Estado confirmó la incorporación al listado de asuntos a tratar de “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”. Se trata de una propuesta que el Poder Ejecutivo Nacional remitirá al ámbito legislativo.
Con este ajuste, se sumará un día al calendario de las extraordinarias, según se informó oficialmente desde el Senado. La inclusión del debate sobre la actualización presupuestaria universitaria se produjo tras la apelación presentada por el Gobierno contra la medida cautelar que lo obligaba a aplicar el proyecto aprobado a mediados de 2025.
Desde Balcarce 50, funcionarios nacionales expresaron optimismo respecto de los objetivos parlamentarios fijados para el receso de verano. Si bien el reglamento del Congreso exige formalmente que cualquier ampliación del temario sea votada en el recinto, existen antecedentes de proyectos incorporados por decreto, sin necesidad de un acuerdo explícito, lo que facilitaría la implementación de la nueva adecuación legal.
La tensión por el financiamiento universitario, registrada entre 2024 y 2025, experimentó una marcada escalada, con manifestaciones masivas y una segunda convocatoria federal en septiembre de 2025, luego del veto presidencial a la ley sancionada para el sector. Ese escenario llevó al oficialismo a explorar una salida política que evitara una mayor judicialización del conflicto.
En ese marco, altos funcionarios del área educativa, entre ellos el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron encuentros recientes con Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) e integrante de su Comité Ejecutivo.
De acuerdo con fuentes calificadas, las reuniones buscaron avanzar hacia un consenso que garantice previsibilidad y resguardo jurídico para las universidades. A la par, se procuraría impulsar una alternativa que no afecte el equilibrio fiscal, eje central de la política económica del Gobierno nacional.
Desde el inicio de la discusión, la administración libertaria remarcó que cualquier modificación del esquema de financiamiento universitario deberá encuadrarse en su estrategia fiscal. En ese sentido, el objetivo sería acordar una normativa que sustituya la anterior y reúna el respaldo necesario en el Congreso. “Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, señalaron desde el entorno oficial.
Por este motivo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Allí, el Ejecutivo solicitó que la apelación vinculada a la ley votada en 2024 tenga efecto suspensivo, lo que permitiría debatir una nueva norma adaptada a las reglas fiscales vigentes mientras se resuelve la instancia judicial.
En paralelo, el Presidente aguarda que la reforma laboral obtenga sanción durante febrero, antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias prevista para el 1 de marzo, oportunidad en la que expondrá los lineamientos de gestión en su discurso anual.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ya logró media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil, además de progresos en el acuerdo con Mercosur. Sin embargo, en el oficialismo consideran prioritario establecer un nuevo marco legal para las universidades, con la intención de iniciar el año legislativo con los temas estratégicos redefinidos.
