El Gobierno logró este viernes uno de sus objetivos centrales del año al conseguir la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado. Tras más de ocho horas de debate, la Cámara alta aprobó la ley y le permitió a la administración libertaria mostrar ante el mercado un plan de gastos con aval parlamentario, justo en el arranque de la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Se trata de un triunfo político relevante, aunque el oficialismo ya proyecta un nuevo desafío en el corto plazo: la discusión de la reforma laboral, que deberá afrontar en febrero si hay sesiones extraordinarias o en marzo, durante el período ordinario.
En la votación en general, el proyecto obtuvo 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Con dos adhesiones más se alcanzaban los dos tercios, ya que el recinto estuvo completo. El dato central fue que también avanzó la votación en particular, lo que dejó el camino despejado para la promulgación de la ley. Hubo respaldos en todos los capítulos, incluso en el segundo, que contiene el artículo 30, duramente criticado por la oposición por la posibilidad de habilitar recortes en distintas áreas educativas. Ese tramo cosechó 42 votos afirmativos, un número holgado.
Para alcanzar ese resultado, el oficialismo sumó los 21 senadores de La Libertad Avanza, los diez de la UCR, tres del PRO y varios legisladores provinciales. La sorpresa estuvo en el quiebre de la orden del kirchnerismo por parte de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), que acompañaron la iniciativa. La dinámica se repitió en la votación en particular, aunque con algunas objeciones en el capítulo dos. La cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo en todas las votaciones, mientras que otros legisladores, como Julieta Corroza, lo hicieron solo en algunas secciones del articulado.
El Presupuesto 2026 establece proyecciones macroeconómicas que incluyen un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio que, según el Ejecutivo, rondaría los $1.423 en diciembre del próximo año. Además, prevé un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. En materia de comercio exterior, se estima un incremento del 10,6% en las exportaciones.
Durante el debate en el recinto, el miembro informante de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, destacó que “en los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto con déficit cero” y remarcó la importancia de generar confianza tanto interna como externa. También recordó la situación heredada por Milei, con un riesgo país por encima de los 1.900 puntos y una elevada proporción de deuda de corto plazo, que describió como “una bola de intereses” que fue desarmada con esfuerzo. En ese marco, mencionó los niveles de pobreza e indigencia y aseguró que el Gobierno logró sacar a más de 10 millones de personas de esa condición.
Ante los cuestionamientos por el artículo 12, que habilita al Estado a requerir información a las universidades para definir gastos y transferencias, Atauche sostuvo que se trata de una herramienta incluida en presupuestos anteriores, tanto durante los gobiernos kirchneristas como en la gestión de Mauricio Macri.
Desde el interbloque kirchnerista, el primero en tomar la palabra fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien centró su exposición en aspectos políticos y técnicos, aunque su discurso se extendió hacia referencias literarias y citas del Martín Fierro. Sí cuestionó lo que definió como “coacción y coerción” hacia provincias y municipios en la asignación de recursos. Más preciso fue el pampeano Pablo Bensusán, que alertó sobre las transferencias a cajas previsionales y señaló que el monto previsto es el mismo que en 2023, lo que dejaría a pocas provincias como beneficiarias.
Desde la UCR, Maximiliano Abad sostuvo que la aprobación de un Presupuesto es clave para el funcionamiento institucional del país y la recuperación de credibilidad, aunque criticó con dureza el artículo 30, al que calificó como una “escoba” que barre los pisos de inversión en educación y ciencia establecidos por ley.
La peronista riojana Florencia López apuntó a las proyecciones inflacionarias del Gobierno y las comparó con los índices recientes, que superaron el 2% mensual. Advirtió que una inflación estimada a la baja podría derivar en mayor recaudación y mayor discrecionalidad en el uso de partidas no asignadas. También cuestionó cambios introducidos “sobre la marcha” en el sistema de bandas y mediante resoluciones posteriores al ingreso del proyecto al Congreso.
En el tramo final del debate, Julieta Corroza destacó la gestión del gobernador neuquino Rolando Figueroa, mientras que la salteña Flavia Royón subrayó que sin Presupuesto no hay planificación ni previsibilidad para las provincias. Si bien reclamó orden financiero, advirtió sobre supuestos macroeconómicos “frágiles y excesivamente optimistas” y llamó a una discusión más constructiva sobre educación.
Desde el PRO, Martín Goerling Lara enfatizó que el Estado no genera riqueza sino que administra la que producen los argentinos y aclaró que acompañar el Presupuesto no implica otorgar un cheque en blanco. En la misma línea se expresó el radical Eduardo Vischi, que resaltó la inversión social del Ejecutivo y cuestionó los discursos del kirchnerismo sobre pobreza.
El cierre del debate estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien planteó la discusión en términos políticos y sostuvo que con la aprobación del Presupuesto “la Argentina vuelve a creer en sí misma”. Habló de un punto de partida para cambiar una historia marcada por la desconfianza y los ciclos fallidos, criticó la corrupción ligada a la obra pública y defendió la necesidad de tomar decisiones difíciles. “El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit es la línea roja que separa el futuro del desastre”, concluyó.
