El BID aprobó una garantía por US$550 millones para Argentina y respaldó las reformas de seguridad y justicia

La asistencia fue autorizada por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral y se suma al reciente aval del Banco Mundial por US$2.000 millones. El financiamiento permitirá movilizar recursos privados y contribuirá al próximo vencimiento de deuda previsto para julio.

El BID aprobó una garantía por US$550 millones para la Argentina.Foto Redes @LuisCaputoAR.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía por US$550 millones para la Argentina, en una decisión que llegó poco después de que el Banco Mundial confirmara un respaldo financiero de US$2.000 millones para el país.

El nuevo apoyo económico estará destinado a fortalecer las áreas de seguridad y justicia, además de colaborar con las necesidades financieras vinculadas al próximo pago de deuda por US$4.300 millones previsto para julio.

Desde el BID destacaron que se trata de la primera garantía de este tipo otorgada a la Argentina para respaldar reformas en estos sectores. El organismo explicó que la medida permitirá movilizar alrededor de US$1.200 millones mediante financiamiento privado, favoreciendo una mejor inserción en los mercados internacionales de capitales y acompañando los objetivos del programa de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La intención del organismo de brindar apoyo financiero ya había sido manifestada en abril, durante la visita de Luis Caputo a Washington, donde mantuvo una reunión con el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

Tras conocerse la aprobación, el ministro de Economía sostuvo que la decisión representa una señal concreta de confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Además, remarcó que es la primera garantía otorgada por el BID a la Argentina.

Los recursos respaldarán el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional orientada a reducir los niveles de impunidad en delitos vinculados con organizaciones criminales.

El presidente del BID se reunió este martes con el viceministro de Economía, José Luis Daza.

El proyecto forma parte de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo promovida por el BID y contempla una estrategia integral basada en resultados. Entre sus principales ejes se incluyen el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, el desarrollo de herramientas de investigación criminal y la mejora de los sistemas de inteligencia.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es incrementar la capacidad del sistema de seguridad y justicia para mejorar la persecución penal, optimizar las investigaciones criminales y avanzar en la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas.

Las estimaciones del BID indican que el costo directo del crimen y la violencia en la Argentina alcanza el 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB). En ese contexto, consideraron que el PROSEJUS contribuirá al crecimiento económico sostenible al reducir la impunidad, disminuir los niveles de criminalidad y violencia asociados al crimen organizado y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Nuevo respaldo financiero para el Gobierno

La aprobación del BID constituye el segundo respaldo internacional obtenido por la administración nacional en las últimas horas. El martes, el Banco Mundial confirmó un paquete financiero por US$2.000 millones destinado a respaldar la agenda de reformas impulsada por el Ejecutivo y favorecer el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital.

Con ambos avales, el Gobierno asegura una fuente de financiamiento clave para afrontar los próximos compromisos de deuda y mejorar su perfil financiero.

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, junto a Caputo y el canciller Pablo Quirno.

En ese sentido, Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, explicó que la llegada de estas garantías internacionales permite al equipo económico cumplir con sus obligaciones financieras, reducir riesgos de refinanciación y mejorar las condiciones crediticias del país de cara al próximo ciclo electoral.

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