En las últimas horas, la investigación judicial vinculada a La Salada sumó dos nuevos detenidos.
De acuerdo con fuentes judiciales, los arrestados son el ex secretario general del sindicato de feriantes SUTFRA, Walter Anibal Godoy, y su presunto cómplice, Jonatan Rojas.
Las detenciones se produjeron en el marco de un incidente por estafa a feriantes por una suma superior a los 40 millones de pesos. La causa es llevada adelante por el fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella.
Según la acusación, Godoy y Rojas —ambos con antecedentes penales— habrían solicitado dinero a los feriantes a cambio de supuestas gestiones para influir en decisiones judiciales. El ofrecimiento consistía en destrabar la medida que les impedía acceder a los puestos y continuar con sus actividades comerciales.
Siempre de acuerdo con los testimonios recolectados, los acusados se presentaban como gestores con aval judicial. En ese contexto, afirmaban contar con el respaldo de Armella y del fiscal Incardona.
Godoy cumplió previamente una condena por homicidio entre 2002 y 2017. Por su parte, Rojas registra una condena de trece años en suspenso por secuestros extorsivos. Tras el rechazo de su apelación en Casación, la definición del caso quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, los feriantes buscan que se resuelva la cuestión de fondo: el reconocimiento de su derecho a trabajar. Reclaman que se computen los aportes realizados durante años —en muchos casos, más de dos décadas— en concepto de alquileres, cuyos montos duplicarían o triplicarían el valor comercial de los puestos.
Hasta el momento, y tras ocho meses de intervención, aseguran no haber sido recibidos por la interventora Leticia Torres.
Los denunciantes comercializaban sus prendas en puestos del playón perteneciente a la cooperativa Ocean, conocidos popularmente como “los canastos”.
Ante la falta de constancia formal sobre la existencia de esos espacios y la ausencia de registros de alquileres, los administradores de Ocean resolvieron clausurarlos. La decisión se tomó en el breve lapso entre la clausura de mayo pasado y la intervención de junio.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, Godoy habría solicitado inicialmente 25 mil dólares a los feriantes a cambio de un permiso definitivo para seguir operando en el playón, que —según prometía— se emitiría de inmediato.
Los feriantes declararon primero haber reunido y entregado el dinero en el domicilio de Rojas. Posteriormente, y a pedido de la fiscalía, identificaron una vivienda ubicada en la calle Mazzei de Longchamps, lo que agravó la situación procesal de los detenidos.
Tras varias semanas sin respuestas, siempre según consta en la causa, Godoy habría reclamado nuevas sumas de dinero. Frente a esa situación, los feriantes —en su mayoría inmigrantes bolivianos— decidieron contratar a un abogado penalista.
La presentación judicial derivó en una denuncia por estafa, que recayó en la Fiscalía 1 de Lomas, bajo la órbita del fiscal Mola.
Una vez iniciada la causa, los acusados habrían amenazado a los denunciantes con armas de fuego para que desistieran. Estas intimidaciones también forman parte de la investigación, indicaron las fuentes consultadas.
El caso se inscribe en un contexto más amplio en el que el comercio ilegal en la Argentina permanece bajo la atención del gobierno y de organismos internacionales, en particular de Estados Unidos.
