La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el envío al Parlamento de un proyecto de ley de amnistía general y dispuso el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados del país. El anuncio fue realizado durante un acto oficial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de la apertura del año judicial, y fue transmitido por la señal estatal Venezolana de Televisión.
Rodríguez asumió el poder semanas atrás, tras la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos. Según explicó, la iniciativa de amnistía busca abarcar todo el período de violencia política comprendido entre 1999 y la actualidad, con el objetivo de cerrar una etapa marcada por la confrontación y el conflicto institucional.
Durante su discurso, la mandataria indicó que la propuesta será presentada ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, con carácter de urgencia. En ese contexto, sostuvo que la ley apunta a “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y el extremismo” y a restablecer la convivencia democrática. Además, pidió a los presos políticos y a quienes hayan sido beneficiados con medidas de excarcelación que no se impongan “la venganza, la revancha ni el odio”.
El proyecto de amnistía, según adelantó la presidenta interina, excluye expresamente a las personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, el texto completo de la iniciativa aún no fue difundido, por lo que permanecen sin precisarse los criterios que definirán quiénes podrán acceder al beneficio.
El anuncio se da en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero, que ha avanzado de manera gradual. De acuerdo con datos de la organización Foro Penal, Venezuela registra actualmente 711 personas detenidas por motivos políticos. Desde el inicio de la nueva administración, 302 presos han sido liberados, aunque la ONG advierte que más de 11.000 personas continúan bajo restricciones arbitrarias de su libertad.
En el mismo acto, Rodríguez ordenó el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El lugar ha sido señalado durante años por organizaciones de derechos humanos y por la oposición como un centro de detención donde se practicaron torturas. La presidenta informó que el edificio será reconvertido en un espacio social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas.
Diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad, Foro Penal y Provea, venían reclamando desde hace años la sanción de una amnistía general para quienes consideran presos políticos. Días antes del anuncio presidencial, estos colectivos habían presentado una propuesta formal que incluía a luchadores sociales, periodistas, militares y activistas perseguidos o detenidos en el contexto de movilizaciones postelectorales.
El acto en el TSJ contó con la presencia de la presidenta del máximo tribunal, Caryslia Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, junto a magistrados del Tribunal Supremo. La ceremonia tuvo lugar el 30 de enero de 2026 en Caracas.
Venezuela registra antecedentes similares en materia de amnistías. En diciembre de 2007, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó una ley que benefició a personas involucradas en el golpe de Estado de 2002. En 2016, la Asamblea Nacional aprobó una norma de características similares, pero fue declarada inconstitucional por el TSJ y nunca se aplicó. En 2020, Nicolás Maduro concedió 110 indultos a opositores y actores sociales antes de las elecciones legislativas, aunque su gobierno negó reiteradamente la existencia de presos políticos y atribuyó las detenciones a delitos vinculados al terrorismo.
La iniciativa impulsada por Delcy Rodríguez fue recibida con cautela por organizaciones de derechos humanos, que insisten en que la amnistía debe alcanzar a toda la sociedad civil sin discriminaciones. Además, advirtieron que la liberación de detenidos no debe entenderse como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales vulnerados. Provea subrayó que muchas de las personas encarceladas lo fueron por ejercer derechos protegidos tanto por la legislación venezolana como por tratados internacionales.
El debate y eventual aprobación de la ley de amnistía quedará ahora en manos de la Asamblea Nacional, mientras organismos nacionales e internacionales continúan observando de cerca el alcance y la implementación de la medida anunciada por el Ejecutivo interino.
