La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la extradición de Guillermo Rafael Boscán Bracho, identificado como el jefe de la llamada “Banda del Yiyi” y señalado como el principal referente local del Tren de Aragua. El acusado, considerado uno de los criminales venezolanos más buscados, es requerido por la República Bolivariana de Venezuela y se encuentra procesado en la justicia federal de Corrientes por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con informes judiciales, Boscán Bracho —apodado “Yiyi”— integraba la lista de los 10 prófugos más buscados en su país, donde enfrenta cargos por extorsión agravada, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y municiones, y obstrucción de la libertad de comercio.
El expediente señala que ingresó a la Argentina utilizando una identidad falsa y se instaló en un country de la localidad de Santa Ana, en Corrientes, junto a su esposa, su hija y sus suegros.
En ese marco, inició gestiones para obtener documentación argentina. Sin embargo, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina logró identificar sus huellas dactilares y, tras seguir sus movimientos, concretó su detención en octubre de 2023 sobre la ruta provincial 43, a pocos metros del acceso al barrio donde vivía.
Durante su permanencia en el país, los investigadores sospechan que continuó dirigiendo su organización, vinculada a hechos violentos y homicidios registrados en las ciudades de Maracaibo y Barranquitas, en el estado venezolano de Zulia.
A partir de esos elementos, la justicia argentina abrió una causa para determinar si desde al menos 2019 formaba parte de una estructura criminal compuesta por dos células operativas que, presuntamente bajo su mando, realizaban maniobras de lavado de dinero y financiamiento de actividades en el exterior.
En diciembre pasado, la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva dictados contra Boscán Bracho y otras 12 personas —diez venezolanos, un colombiano y un argentino— acusadas de mantener vínculos con la organización transnacional Tren de Aragua.
El proceso de extradición se centró en verificar el cumplimiento de los requisitos legales, sin analizar los delitos atribuidos en el país solicitante. Una vez superadas las instancias judiciales, la decisión final quedó en manos del Poder Ejecutivo. Si bien el juzgado federal de Corrientes había concedido el traslado, la defensa apeló y llevó el caso al máximo tribunal, que finalmente rechazó el planteo.
El Procurador General de la Nación había pedido confirmar la sentencia. En su defensa, Boscán Bracho sostuvo que su anterior abogado no lo representó correctamente y manifestó temor por su integridad en caso de ser enviado a Venezuela. También alegó una supuesta falta de reciprocidad y riesgo de persecución política.
No obstante, la Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimó esos argumentos al considerar que no tenían sustento más allá de lo afirmado por la defensa. Además, señaló que las objeciones reflejaban discrepancias con la estrategia legal previa y que los planteos sobre reciprocidad fueron presentados fuera de plazo, por lo que deben ser evaluados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En cuanto a los temores de persecución, el tribunal remarcó que no se tuvieron en cuenta las garantías específicas ofrecidas por Venezuela, así como el compromiso de cumplir con la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, el debido proceso y la protección de la vida del extraditado.
El fallo también establece que el juez deberá informar al país requirente el tiempo que el acusado permaneció detenido durante el trámite y actualizar su situación respecto de otras causas en curso.
La historia del Tren de Aragua
El origen del Tren de Aragua se remonta a la década del 2000, cuando surgió como un grupo dedicado a ofrecer trabajos ilegales y a extorsionar en torno a la construcción de un ferrocarril en el estado venezolano de Aragua.
Con el tiempo, la organización se consolidó dentro de la prisión de Tocorón, donde desarrolló una estructura jerárquica de tipo carcelario liderada por el “pran”, término que en la jerga penitenciaria venezolana refiere al preso con mayor poder.
El crecimiento de la banda se aceleró bajo el mando de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Según reportes de Interpol, su liderazgo desde 2013 fue clave para transformar al grupo en una organización criminal con presencia en múltiples ciudades y países.
Guerrero Flores, que había sido detenido en 2010, se fugó en 2012 y regresó a Tocorón en 2013. Desde allí instauró un sistema basado en el cobro de “vacunas”, una modalidad de extorsión que permitió financiar lujos dentro del penal, como gimnasios, piscinas y bares.
La estructura interna se apoyó en una red de lugartenientes conocidos como “luceros”, que replicaron el modelo delictivo tanto dentro como fuera de la cárcel. El crecimiento también se sostuvo mediante la absorción violenta de otras bandas y alianzas con distintos actores criminales en Venezuela.
De este modo, el Tren de Aragua amplió su influencia, llegando a controlar barrios enteros y expandiéndose hacia zonas urbanas fuera del ámbito penitenciario.
El fenómeno migratorio venezolano facilitó su expansión internacional. Aprovechando las rutas migratorias, la organización logró extenderse a al menos 16 estados de Venezuela y a países como Colombia, Perú, Chile, Brasil y Ecuador, además de registrar presencia en menor medida en Bolivia, Uruguay y Curazao.
Incluso, su alcance comenzó a proyectarse hacia América del Norte, donde recientes operativos derivaron en la detención de presuntos integrantes tanto en México como en Estados Unidos.
