El Tribunal Oral Federal N° 3, encabezado por el juez Andrés Basso, resolvió otorgar una salida alternativa al juicio oral a Sergio Raúl Gauna, sindicalista de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quien había sido denunciado por una serie de ataques contra un empresario del sector del transporte. Como parte de la sanción, el gremialista deberá donar $400.000 al Hospital Garrahan y cumplir 100 horas de trabajo comunitario en una sede de Cáritas Argentina.
Los hechos que originaron la causa ocurrieron a comienzos de 2021. En ese momento, Gauna fue detenido junto a otros cuatro presuntos cómplices tras bloquear un predio de la empresa Expreso del Oeste, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, y agredir a su propietario, Esteban Falcigno. La totalidad del episodio quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar.
Las imágenes mostraron cómo el grupo ingresó de forma violenta a la oficina del empresario, lo empujó y lo tiró al suelo. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un traumatismo cervical y un traumatismo encefalocraneano secundario.
Luego de la agresión, según quedó registrado en un video, Falcigno fue intimidado para que eliminara de su teléfono celular las fotos que había tomado durante el bloqueo. “Borrá las fotos o te sacamos afuera y te matamos”, le habrían advertido.
Durante los allanamientos realizados en las viviendas de los involucrados, la Policía Bonaerense secuestró una escopeta en uno de los domicilios inspeccionados.
Ese primer episodio fue investigado en la Justicia provincial, ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza. En esa instancia, el sindicalista terminó siendo absuelto.
Sin embargo, la violencia se repitió pocos días después. Esta vez ocurrió en la sede de la empresa Sierras Cordobesas, también propiedad de Falcigno. Por este segundo hecho, que tramitó en los tribunales federales de Comodoro Py, Gauna fue procesado por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.
Aunque el ataque también se habría realizado en grupo por parte de gremialistas de la UTA, los investigadores solo lograron identificar a Gauna.
Ante esta situación, la defensa del dirigente sindical solicitó la suspensión del juicio a prueba, una figura legal que busca reparar los daños ocasionados mediante ciertas condiciones. El empresario agredido se opuso a esta propuesta.
No obstante, el pedido recibió el aval del Ministerio Público Fiscal. Desde la acusación se aclaró que el hecho no fue “de escasa trascendencia ni carente de violencia” y se reconoció que generó “graves consecuencias para la empresa damnificada y para sus choferes”, quienes vieron interrumpidas sus tareas habituales y se sintieron intimidados.
La compañía denunció además un importante perjuicio económico. Durante el tiempo que duró el bloqueo, debió devolver el dinero de los pasajes vendidos, lo que representó aproximadamente un millón de pesos a valores de 2021. La empresa incluso presentó ante la Justicia la documentación que acreditaba esas pérdidas.
A pesar de ello, la Fiscalía habilitó la suspensión del juicio a prueba al considerar que el acusado no tenía antecedentes penales y que la expectativa de pena por el delito imputado era baja.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal N° 3 dispuso que Gauna pague una multa de dos cuotas de $200.000, dinero que será destinado al Hospital Garrahan.
Además, el sindicalista deberá completar 100 horas de trabajo voluntario en una sede de Cáritas Argentina cercana a su domicilio.
El juez Basso también estableció otras condiciones obligatorias durante los próximos tres años para que el beneficio continúe vigente. Entre ellas, Gauna tiene prohibido acercarse a cualquier dependencia de la empresa Sierras Cordobesas y no podrá intentar comunicarse, ni de manera personal ni telefónica, con los denunciantes.
Asimismo, el magistrado le exigió abstenerse por completo de protagonizar episodios violentos en el marco de su actividad sindical.
Por último, el fallo del Tribunal Oral Federal N° 3 advirtió que, si el gremialista incumple las obligaciones impuestas o comete un nuevo delito, perderá automáticamente el beneficio otorgado. En ese caso, la suspensión quedaría sin efecto y deberá enfrentar un juicio oral tradicional.
