La Procuración del Tesoro comunicó que Argentina consiguió una docena de respaldos internacionales en la causa por la expropiación de YPF, donde la Cámara de Apelaciones deberá definir si el fallo de la jueza Loretta Preska —que ordenó cancelar la sentencia de US$ 16.000 millones con acciones de la compañía— resulta válido.
El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalijá, destacó que “el gobierno de Javier Milei, a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del gobierno, ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”.
En un comunicado oficial se precisó que Estados Unidos volvió a presentar un amicus curiae en favor de la Argentina, siendo la tercera vez en un año que lo hace. El texto advierte que la idea de que no existe inmunidad de ejecución sobre activos soberanos en el exterior “es incompatible con el derecho estadounidense y con el derecho internacional consuetudinario”.
Este respaldo se suma a dos intervenciones previas del Departamento de Justicia norteamericano: una en noviembre de 2024, bajo la gestión de Joe Biden, y otra en julio de 2025, ya durante el mandato de Donald Trump.
La Procuración también subrayó la novedad del caso de Israel, que por primera vez se presentó como amicus curiae en una causa de este tipo.
La lista completa de apoyos incluye a Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (a través de una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.
La audiencia de apelación por la sentencia de fondo, que obliga a la Argentina a pagar los US$ 16.000 millones más intereses derivados de la expropiación de YPF, se realizará el próximo 29 de octubre.
Por último, la Procuración del Tesoro afirmó que el Gobierno seguirá utilizando todas las herramientas judiciales, diplomáticas y políticas para resguardar los activos nacionales y defender los intereses estratégicos del país, con el objetivo de alcanzar una resolución justa y en línea con el marco jurídico vigente.
