La jueza Loretta Preska ordenó la realización de una audiencia de descubrimiento para el próximo lunes 15 de julio a las 10:00 (hora local) en la sala 12A del tribunal federal del distrito sur de Nueva York. El encuentro fue convocado a pedido de los demandantes en el caso por la expropiación de YPF, quienes pretenden acceder a datos sobre entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con el objetivo de avanzar en posibles embargos.
Según documentos judiciales, los beneficiarios del fallo que condenó a Argentina buscan forzar al país a cumplir completamente con una subpoena de información. Aunque el gobierno argentino ya respondió formalmente al pedido, la disputa sobre la entrega de información sigue sin resolverse. Esta audiencia se da pocos días después de que Argentina apelara la orden que la obliga a transferir las acciones de YPF.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, explicó que el eje de la audiencia será determinar si esas entidades pueden ser consideradas “alter ego” del Estado argentino, lo que habilitaría embargos sobre sus activos. “Cuando Milei asumió como Presidente, Alberto Fernández ya había apelado el fallo de Preska. Ella ofreció al nuevo Gobierno poner una garantía para poder continuar la apelación sin riesgo de embargos. Milei decidió no hacerlo, y por eso comenzaron los pedidos de embargos”, detalló Maril. Entre ellos, el de las acciones de YPF —objeto de la reciente apelación— y el intento de avanzar sobre bienes de las empresas mencionadas.
Este 10 de julio se conoció que el Gobierno argentino formalizó la apelación contra la orden de Preska que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado. El escrito fue presentado el 9 de julio ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, representante legal de la Argentina.
La apelación fue presentada sin esperar la decisión de Preska sobre el pedido de stay, que busca suspender la ejecución del fallo mientras se revisa el caso. Esta acción se enmarca en los expedientes impulsados por Burford Capital y Eton Park.
La demanda original se remonta a la expropiación de YPF realizada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023, luego de ocho años de proceso judicial, Preska falló contra Argentina y la condenó a pagar USD 16.000 millones, en su mayoría a Burford Capital, que había adquirido los derechos de litigio a empresas afectadas por la estatización.
Mientras la sentencia fue apelada, Burford continuó con su ofensiva judicial en el tribunal de Preska, solicitando embargos como parte de una estrategia para forzar una eventual negociación con el Estado argentino. Según fuentes oficiales, existe preocupación en el Gobierno por un posible nuevo fallo adverso. En ese escenario, si la jueza exige garantías para conceder la suspensión del fallo y Argentina no las presenta, podría incurrir en desacato, afectando su imagen internacional en plena apertura económica.
El Gobierno, como reveló este medio, sostiene que existen “buitres domésticos” que operan en contra del país por intereses políticos, coyunturales y económicos. Señalan a figuras como el gobernador Axel Kicillof, a exfuncionarios, estudios jurídicos, analistas y hasta empresas interesadas en sacar provecho del contexto, especialmente en relación con los negocios en Vaca Muerta.
Como parte de su estrategia, la Casa Rosada pedirá la intervención del Gobierno de Estados Unidos, como ya ocurrió durante la administración de Joe Biden. En paralelo, se descarta cualquier tipo de acuerdo con los demandantes: “No se negociará nada. La estrategia es judicial, 100% en el estrado de Preska”, aseguran desde el entorno presidencial. Y agregan: “El Presidente fue claro: iremos hasta las últimas consecuencias judiciales. Hay muchos que especulan con una negociación porque podrían obtener beneficios. En esta causa confluyen intereses políticos, corporativos y petroleros”.
