En el marco de una investigación judicial en curso, la Justicia ordenó este viernes el secuestro de los teléfonos celulares del concejal salteño Pablo López. La decisión fue adoptada a partir de pruebas presentadas por la víctima, que no solo comprometerían al edil, sino que también apuntan directamente contra la diputada nacional Emilia Orozco.
De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, la pesquisa intenta esclarecer una serie de hechos que incluirían amenazas, manipulación de pruebas y posibles actos de encubrimiento. En este escenario, la figura de Orozco cobró especial relevancia: según trascendidos, habría tenido conocimiento previo de los hechos denunciados y podría haber colaborado activamente o, al menos, haber guardado silencio ante lo sucedido.
Mientras el expediente judicial avanza, Pablo López fue expulsado de manera unánime del espacio político La Libertad Avanza. Eduardo Virgili, presidente del partido, expresó su “absoluto rechazo a los aberrantes hechos que son de público conocimiento” y ratificó la postura del presidente Javier Milei al afirmar: “El que las hace, las paga”.
La investigación continúa su curso y no se descarta que en los próximos días se adopten nuevas medidas judiciales.
