El Gobierno nacional oficializó la designación de Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de representar legalmente al Estado. La decisión se enmarca dentro de los cambios en el Gabinete tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia.
Amerio, que se desempeñaba como secretario de Justicia, fue confirmado como nuevo procurador mediante la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026. A través de esas normas se aceptó su renuncia al cargo anterior y también a su rol como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, paso previo a asumir su nueva función.
En paralelo, el Gobierno designó como nuevo número dos del Ministerio de Justicia a Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Para concretar la reorganización también se aceptó la renuncia de Santiago María Castro Videla a su cargo. En el decreto correspondiente se incluyó un reconocimiento a su gestión: “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Según lo establecido oficialmente, Amerio inició su gestión el 6 de marzo.
No obstante, Castro Videla continuará dentro del esquema gubernamental. El Ejecutivo resolvió crear un tercer puesto de subprocurador en la Procuración del Tesoro, cargo que será ocupado por el propio ex funcionario.
La designación de Amerio ya había sido anticipada el viernes anterior por fuentes oficiales. Según indicaron, la decisión fue tomada por el presidente Javier Milei tras una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor Santiago Caputo. Luego de ese encuentro, el mandatario le ofreció el cargo estratégico.
El nuevo procurador es considerado uno de los dirigentes más cercanos al estratega libertario y tendrá entre sus principales responsabilidades la conducción de la defensa del Estado en la causa vinculada con la expropiación de YPF. De acuerdo con lo que trascendió, el resto del equipo de la Procuración General del Tesoro continuará sin modificaciones.
Ese mismo día, Milei recibió a Caputo en la residencia oficial para analizar la nueva estructura del Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y la llegada de Mahiques.
El actual titular de la cartera, que hasta entonces se desempeñaba como fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, no era inicialmente la primera opción del asesor presidencial. Según trascendió, Caputo impulsaba para ese cargo al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente del partido de General Pueyrredón, donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata.
“Hasta la semana pasada incluso le convencía al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, señaló uno de los integrantes de la mesa política del oficialismo.
En paralelo, la conducción libertaria decidió desplazar a Amerio del rol que ocupaba como secretario de Justicia y virtual segundo del ministerio.
Mahiques ya conocía previamente a Amerio y ambos se habían reunido recientemente. El nuevo procurador no participó del acto de jura en la Casa Rosada, aunque aguardó al ministro para mantener una conversación privada luego de la ceremonia.
En el entorno presidencial explicaban por esos días que la reorganización interna dependía de las decisiones del nuevo titular de la cartera. “Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los ‘ravioles’”, comentaban cerca del mandatario mientras se negociaban los distintos cargos.
En las horas previas a la definición, Castro Videla visitó el despacho de Santiago Caputo en la Casa Rosada. Más tarde también lo hicieron Amerio y Viola.
Tal como se había anticipado, una de las primeras medidas que adoptó Mahiques tras asumir formalmente fue solicitar las renuncias a los titulares de varios organismos dependientes del área: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina de Bienes y la Inspección General de Justicia (IGJ).
En un primer momento se había indicado que la Procuración del Tesoro sería el único organismo que no sufriría cambios, dado que se trata de un área especialmente sensible que interviene en causas de alto impacto para el Gobierno. Por ese motivo, inicialmente se evaluaba mantener a sus autoridades.
Sin embargo, a lo largo del jueves se sucedieron distintas negociaciones entre los principales funcionarios del Ejecutivo que finalmente derivaron en la decisión de modificar también la conducción de ese organismo.
Para el resto de las dependencias mencionadas todavía no había reemplazantes definidos. Las expectativas estaban puestas especialmente en la situación de la Inspección General de Justicia, que tiene pendiente la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Ese puesto es considerado clave y hasta ahora estaba ocupado por Daniel Vítolo, en medio de tensiones entre autoridades nacionales y la conducción de la entidad deportiva.
Uno de los focos de conflicto fue la gestión realizada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para lograr la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien permanecía secuestrado por la dictadura venezolana.
En ese contexto, días atrás la IGJ solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la AFA con el objetivo de informar sobre los estados contables y financieros correspondientes al año 2025.
La intención es analizar las relaciones y operaciones entre la AFA y diversas firmas nacionales e internacionales, entre ellas TourProdEnter LLC y Grupo Sur Finanzas, así como también los vínculos con Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo. Además, se busca revisar los detalles vinculados con la creación de la denominada Universidad de la AFA, conocida como “UNAFA”.
