Santa Fe subastará un avión de un agente de bolsa acusado de estafas: está valuado en $50 millones

La Justicia autorizó el remate de una aeronave vinculada a un financista investigado. Acreedores de la empresa relacionada reclaman que el bien se utilice para saldar deudas.

La Justicia de Santa Fe autorizó subastar el avión de un agente de bolsa acusado por estafas.Foto del Avión.

La Justicia de Santa Fe autorizó la subasta de un avión perteneciente a un agente de bolsa acusado de estafas financieras. La aeronave, valuada en 50 millones de pesos, forma parte de los bienes decomisados en el marco de causas por delitos económicos.

El avión, valuado en 50 millones de pesos y perteneciente a Cereales del Sur, forma parte de los bienes decomisados en causas por delitos económicos.

El remate se realizará el próximo 16 de abril e incluirá un avión Cessna incautado a Daniel Casanova, junto con otros bienes. La decisión fue confirmada por el juez Alejandro Negroni, quien avaló el procedimiento tras una audiencia realizada este miércoles.

Se trata de una Cessna 402 A que no vuela desde 2019 y que figura dentro del lote de activos inmovilizados por investigaciones judiciales. Un aspecto particular del caso es que el avión estaba registrado a nombre de Cereales del Sur, firma vinculada al financista.

La empresa se encuentra en concurso y actualmente no tiene facultades para disponer de sus bienes. En este contexto, la defensa de Casanova pidió suspender la subasta con el respaldo de los acreedores, quienes sostienen que el avión debería destinarse a cubrir deudas de la compañía.

La controversia por la titularidad de la aeronave y su inclusión en el remate se intensificó ante el planteo de los acreedores, que insisten en que el bien forma parte del patrimonio de la firma concursada. Incluso advirtieron que, en caso de quiebra, los reclamos podrían recaer sobre la provincia. Además, señalaron que la imposibilidad de utilizar activos corrientes, dispuesta por la Fiscalía, frustró un principio de acuerdo con los acreedores.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la defensa del agente de bolsa sostuvo que ninguno de los bienes incluidos en la subasta está vinculado al narcotráfico, sino a delitos económicos. En esa línea, cuestionaron que no se hayan decomisado activos de mayor valor y mencionaron como ejemplo dos vehículos Audi A7 y Audi Q7 que también forman parte de la subasta.

Los abogados también remarcaron que los bienes fueron secuestrados sin que exista una condena firme, la cual podría demorarse hasta cuatro años, según explicaron ante el magistrado.

Por otra parte, se conoció que el avión no cuenta con llaves ni habilitación de vuelo desde 2019 y que sufrió un accidente en San Fernando en 2009, de acuerdo con registros de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El avión no cuenta con llaves ni habilitación de vuelo desde 2019 y sufrió un accidente en San Fernando en el año 2009 según la Anac.

Finalmente, el juez Negroni resolvió que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) actuó conforme a la ley y validó el proceso administrativo de la subasta. El Cessna 402 A, cuyo año de fabricación y kilometraje no se precisaron, tiene un valor estimado de 50 millones de pesos, equivalente a unos 37.000 dólares al tipo de cambio actual.

El avión corresponde al lote número 3 y es el bien de mayor valor dentro del remate, según detalló el Gobierno santafesino. La aeronave, que permanece inactiva desde 2019, será parte de una subasta que también incluirá vehículos, motos y otros bienes.

Esta será la quinta edición de remates organizados por la Aprad en la provincia. La inscripción cerró con 5.411 personas registradas de distintos puntos del país, lo que refleja el interés generado por la convocatoria. El evento se desarrollará en Rosario y contará con cerca de 150 lotes, marcando además la primera vez que se ofrece una aeronave.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas subastas tienen como objetivo afectar las finanzas del delito y transformar los bienes incautados en recursos con impacto social, una política que continúa expandiéndose en Santa Fe.

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