Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta llevó adelante allanamientos y detuvo a una mujer en el marco de una causa que investiga la emisión de aptos médicos irregulares para licencias de conducir. La pesquisa comenzó luego de que la Clínica Cruz Azul, prestadora de estudios psicofísicos, denunciara que se habrían validado como aptas a casi 3.500 personas.
Según el documento del Ministerio Público Fiscal provincial, la firma logró comprobar que 3.477 personas habrían sido declaradas aptas sin atravesar la correspondiente evaluación médica, lo que dio origen a una investigación por el delito de administración fraudulenta.
En ese contexto, tras analizar sistemas informáticos, rastrear cuentas bancarias y realizar tareas de campo, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) solicitó allanamientos en tres domicilios. Durante los procedimientos se secuestró documentación y se concretó la detención de una empleada administrativa, quien fue trasladada a la Alcaidía General de la ciudad de Salta.
La intervención de la Fiscalía se originó a partir de la denuncia presentada el 23 de diciembre pasado por el apoderado de la Clínica Cruz Azul SRL contra la trabajadora.
De acuerdo a lo expuesto, la empresa presta servicios de estudios psicofísicos para licencias profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Durante el período de vacaciones de la acusada, “la supervisora del área detectó la emisión de recibos por prestaciones que no habían sido informadas al sector contable y, además, la carga en el sistema oficial de la Agencia (REPRE) de certificados de aptitud correspondientes a personas que no habrían sido atendidas en la institución”.
A raíz de esta situación, la clínica solicitó un informe completo de los aptos emitidos durante 2025 y modificó las claves de acceso al sistema. Del cruce de información surgió una diferencia de 3.477 certificados que habrían sido cargados sin respaldo en atenciones reales.
“Mientras avanzaba la investigación interna, la empleada presentó su renuncia el 12 de diciembre. Sin embargo, días más tarde, se detectó la carga de seis nuevos aptos irregulares desde otro usuario”, señala el informe.
Ante este panorama, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para seguir el rastro de las operaciones financieras. El análisis permitió detectar una marcada desproporción entre los ingresos declarados por la empleada y los movimientos registrados en sus cuentas, con un flujo constante de transferencias provenientes de terceros que coinciden con personas incluidas en los registros de la clínica.
