“El Jardín de mis abuelos” es un geriátrico ubicado en La Matanza que se promocionaba como un espacio de profesionalismo y calidez para el cuidado de adultos mayores. Sin embargo, detrás de esa fachada, las condiciones eran muy distintas. “Gritá todo lo que quieras que nadie te va a ayudar”, le habría dicho una empleada este martes a un residente de 78 años que, con evidentes signos de desnutrición, intentó huir del lugar para pedir ayuda.
El hombre, identificado como Juan José, consiguió finalmente saltar un cerco, abandonar el establecimiento y comunicarse con la policía. Su llamado permitió que se activara un operativo que derivó en el hallazgo de otros residentes en situaciones alarmantes. Su accionar resultó clave para que se conociera lo que ocurría dentro del geriátrico.
La denuncia ingresó a través del 911, lo que motivó la intervención de efectivos policiales y personal sanitario en el inmueble situado sobre la calle Portugal al 2000, entre Fitz Roy y Bogotá. Al ser entrevistado, el denunciante describió el padecimiento que sufría junto a otros internos. Según su testimonio, relató episodios de golpes, falta de alimentación y diversas situaciones que encuadrarían en maltrato y abandono.
En un primer momento, quienes se encontraban a cargo del lugar habrían intentado impedir el ingreso de las autoridades. No obstante, minutos después, un comisario médico logró concretar una inspección. Durante el procedimiento, se encontraron seis ancianas atadas a sus camas, en condiciones de higiene extremadamente deficientes, con colchones y sanitarios visiblemente sucios.
La fiscal Andrea Palín tomó intervención inmediata en el caso y obtuvo la autorización del juez de Garantías Fernando Pinos Guevara para realizar un allanamiento de urgencia. En ese contexto, las autoridades constataron la ausencia de condiciones básicas de higiene, signos evidentes de abandono y síntomas de desnutrición en los siete adultos mayores alojados en el establecimiento. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron además que se detectaron rastros de sangre en colchones.
Frente a este escenario, la fiscal dispuso el traslado de los residentes a otros centros asistenciales y notificó a los empleados sobre la apertura de una causa en la que serán investigados por presunto maltrato y abandono de persona. Paralelamente, se avanzaba en la identificación de los dueños del geriátrico, quienes no habían sido localizados hasta ese momento.
Asimismo, Palín solicitó verificar si el establecimiento contaba con la habilitación correspondiente. También informó lo ocurrido al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y al Municipio de La Matanza, con el fin de evaluar una eventual clausura definitiva en función de las irregularidades detectadas.
Fuentes del caso indicaron que el geriátrico no registraba denuncias formales previas. Sin embargo, los investigadores encontraron múltiples reseñas negativas en Facebook. Entre ellas, se destacó el comentario de una presunta exempleada que describía situaciones de maltrato hacia los adultos mayores y señalaba que, ante la presencia de visitas, se modificaba temporalmente la escena para aparentar normalidad. Ese testimonio fue incorporado al expediente y no se descartaba su citación como testigo.
El mensaje advertía sobre presuntas condiciones de hambre, malos tratos y graves deficiencias edilicias. Además, detallaba que los residentes serían mantenidos atados y alimentados de manera precaria, mientras que las condiciones laborales del personal también eran cuestionadas. Según la publicación, durante las visitas familiares se alteraría la situación habitual para mostrar una imagen distinta del hogar.
