El empresario Marcelo Porcel fue procesado este lunes en el marco de la causa que lo investiga por el presunto abuso sexual de 10 alumnos del colegio Palermo Chico. La decisión judicial incluyó medidas restrictivas, aunque no dispuso su detención.
Según la resolución, Porcel fue considerado autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años y aprovechando una situación de guarda.
Además, fue imputado por corrupción de menores y por la producción de material de abuso sexual infantil. En este contexto, la Justicia le prohibió salir del país y ordenó un embargo sobre sus bienes por 112 millones de pesos, aunque continuará en libertad.
El documento judicial detalla que “los abusos concurren en forma ideal con el delito de corrupción de menores de 13 años en al menos 10 oportunidades en concurso ideal con la producción de representaciones de un menor de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
Porcel, de 51 años, está representado por el abogado Roberto Rallin y es un empresario reconocido en los sectores inmobiliario y agropecuario. La investigación lo señala por hechos ocurridos con compañeros de clase de su hijo, todos alumnos del colegio Palermo Chico.
Las denuncias, al menos diez, fueron presentadas por familias de los menores. En ellas se describen encuentros en viviendas y oficinas del acusado, donde presuntamente incentivaba a los adolescentes a consumir alcohol y participar en apuestas online.
La causa se inició el 5 de julio de 2024 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, con la intervención del fiscal Pablo Turano. El abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, había solicitado la detención del imputado.
Entre los lugares mencionados en el expediente figuran la vivienda familiar de Porcel en Palermo, un departamento vacío perteneciente a su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y distintas oficinas. Una de las pruebas centrales surgió del análisis de su teléfono celular, donde se encontraron fotos de amigos de sus hijos desnudos y mensajes que respaldan la acusación.
El caso también se enmarca en un entorno familiar y empresarial de alto perfil. Porcel es hijo de Néstor Porcel, uno de los creadores de Argencard, una de las primeras tarjetas de crédito del país, fundada en la década del 60 por comerciantes de Liniers. La empresa tuvo fuerte presencia en el mercado local hasta la llegada de marcas internacionales y atravesó distintos cambios societarios, incluyendo la venta de acciones al Exxel Group en 1995 y su posterior transferencia a First International Data en 2006.
En su trayectoria profesional, Marcelo Porcel figura como presidente de Campazu S.A., firma agropecuaria con más de dos décadas de actividad en producción lechera, cría de ganado y cultivos como trigo, girasol, soja y maíz. Desde 2019, la compañía sumó producción de leche bubalina, cría de búfalos y comercialización rural.
De acuerdo a la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido entre dos y tres años atrás. La situación salió a la luz cuando los padres de los alumnos, tras conocer los relatos, comenzaron a restringir la participación de sus hijos en reuniones organizadas por el empresario, lo que derivó en las denuncias formales durante 2024.
El fiscal Turano había pedido la indagatoria de Porcel, pero la incorporación de un nuevo denunciante postergó la citación dispuesta por el juez Bruniard.
Desde el inicio del expediente, el magistrado impuso una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las víctimas, del colegio Palermo Chico y del club GEBA, donde los menores realizan actividades deportivas.
Asimismo, se ordenaron allanamientos en las propiedades y oficinas del empresario, con el secuestro de computadoras y teléfonos celulares. En dos de esos dispositivos, los peritos hallaron tres imágenes relevantes: un menor duchándose y otro en ropa interior frente a una cama, aparentemente cambiándose. Dos de esas fotografías fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.
