El Gobierno nacional avanzó con la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, específicamente en Neuquén y Río Negro, luego de meses de conversaciones con las autoridades provinciales.
El pasado lunes, el Ejecutivo oficializó el llamado a licitación pública —abierta a nivel nacional e internacional— para la administración de estas centrales por un plazo de 30 años. Se proyecta obtener ingresos cercanos a los 500 millones de dólares.
Este paso resultaba clave para la presentación de los pliegos de bases y condiciones de las sociedades hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En conjunto, estas represas aportan el 10% de la energía que consume el país y se destacan por ser una fuente limpia y de bajo costo en comparación con las centrales térmicas.
A través de un comunicado, el Gobierno de Neuquén remarcó: “En el acuerdo con Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como dueñas del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas durante más de tres décadas”.
El convenio también definió lineamientos sobre cómo se distribuirán las regalías derivadas de la generación eléctrica, además de establecer un canon específico por la utilización del recurso hídrico. Asimismo, se fijaron plazos para la ejecución de estudios técnicos y obras de seguridad frente a crecidas, incluyendo obligaciones de las concesionarias en materia de información hidrometeorológica y medidas de prevención.
Este proceso se formalizó a partir del decreto 718/2024, rubricado por el presidente Javier Milei, después de que en agosto de 2023 vencieran las concesiones otorgadas por 30 años.
Cabe recordar que durante la gestión anterior se había prorrogado en siete ocasiones la administración de las represas, mientras se evaluaba con las provincias la posibilidad de conformar un ente estatal que gestionara el recurso sin participación privada. La última de esas extensiones estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025, o hasta la finalización del actual proceso licitatorio.
