Este martes, la fiscal federal Laura Mazzaferri pidió una condena de 14 años de prisión contra Roberto Tagliabué, un pastor evangélico señalado como responsable de un supuesto centro de rehabilitación de adicciones en Mar del Plata. El hombre está acusado de trata laboral en perjuicio de jóvenes que fueron captados bajo un falso tratamiento.
El proceso judicial contra el religioso se inició el pasado 26 de mayo ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, encabezado de manera unipersonal por el juez Roberto Falcone. Este lunes, Mazzaferri, junto a las auxiliares María Eugenia Montero, Diana Arias y Victoria Sassola, expusieron sus alegatos.
En esa instancia, la fiscalía reclamó no solo la pena de prisión, sino también una reparación económica a favor de las víctimas por lucro cesante y daño moral. El monto asciende a $135.738.994, a distribuir según el tiempo que cada uno de los damnificados estuvo sometido al circuito de explotación.
A su vez, se solicitó el decomiso de dos propiedades ubicadas en la calle Génova que habrían sido utilizadas para captar o alojar a las víctimas, así como del predio donde funciona la iglesia y de un total de cinco vehículos y dos motocicletas que fueron incautadas.
“El reconocimiento del derecho a restitución económica y el decomiso de los activos producto del delito de trata de personas permite enfocar los hechos con una doble característica: criminalidad compleja y graves violaciones a los derechos humanos”, expresó la fiscal Mazzaferri durante la audiencia.
El próximo lunes 6 de octubre será el turno de los alegatos de la defensa del único acusado, tras lo cual se dará a conocer el veredicto.
Tagliabué enfrenta cargos por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.
De acuerdo con la investigación, el pastor habría captado al menos a nueve jóvenes en situación de vulnerabilidad —con problemas de consumo, falta de contención, precariedad económica o incluso conflictos con la ley penal— para alojarlos en una vivienda anexa a la iglesia que dirigía en el barrio Pueyrredón. Allí, la mayoría fue sometida a un supuesto programa de rehabilitación de adicciones que carecía de habilitación y de profesionales de la salud.
Según los alegatos de la fiscalía, quedó demostrado que el acusado se aprovechó de la situación de fragilidad de las víctimas a través de engaños, falsas promesas de recuperación y maniobras de intimidación que incluyeron violencia, amenazas y hostigamiento sexual.
En cuanto al método de captación, se explicó que Tagliabué utilizaba los espacios bajo su control —la iglesia, el comedor y la escuela bíblica— para atraer personas. Los jóvenes llegaban a través de folletos, publicaciones en redes sociales y páginas web, contactos en barrios populares mediante otras víctimas ya integradas al circuito, e incluso con prédicas en contextos carcelarios.
