Una mujer de 61 años comenzará a ser juzgada este miércoles en Las Heras, provincia de Mendoza, acusada de haber cometido presuntos hechos de abuso contra su sobrino cuando el niño tenía 8 años.
La imputada enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de encargada de la guarda. En caso de ser hallada culpable, podría recibir una condena de entre 8 y 20 años de prisión.
La causa tomó estado público en septiembre de 2022, luego de que la madre del adolescente —hoy fallecida— realizara una llamada al 911. En esa comunicación denunció un episodio que su hijo, de 16 años, le había relatado momentos antes. De acuerdo con su testimonio, el joven manifestó que no quería continuar viviendo en la casa de su padre debido a un hecho ocurrido años atrás.
El episodio denunciado, siempre según la investigación judicial, habría tenido lugar a mediados de 2014 en el domicilio familiar del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras.
La denuncia fue posteriormente ampliada mediante la declaración del adolescente en cámara Gesell. Allí, el joven brindó detalles sobre una situación en la que, afirmó, se encontraba a solas con su tía paterna. De acuerdo con el expediente, la acusación describe conductas de índole sexual. No obstante, la causa no logró establecer si existió acceso carnal.
Durante la instrucción se incorporaron informes psicológicos y psiquiátricos que respaldaron el relato del denunciante. Además, declararon testigos que señalaron haber tomado conocimiento de lo ocurrido a través del propio adolescente, entre ellos allegados y personas de su entorno cercano.
La investigación derivó en la detención de la sospechosa en mayo de 2024, casi diez años después de los hechos denunciados. Actualmente, la mujer cumple prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.
Por su parte, la defensa sostiene que el joven habría construido una versión falsa de los hechos para evitar permanecer en la vivienda paterna.
El debate oral, que se desarrollará a lo largo de una semana, será clave para determinar la eventual responsabilidad penal de la imputada. El tribunal deberá analizar la prueba documental, los testimonios, las pericias realizadas y la declaración de la acusada.
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza solicitó la pena máxima prevista para el delito imputado, mientras que la defensa insiste en la inocencia de la mujer.
El veredicto se conocería en los próximos días, tras la presentación de los alegatos finales y la evaluación integral de las pruebas reunidas durante el juicio.
