Absolvieron a una mujer discapacitada acusada de matar a su esposo porque era víctima de violencia de género. La medida fue tomada por el Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de Mendoza, que resolvió sobreseer a la imputada por un hecho ocurrido en una vivienda de Agrelo, Luján de Cuyo, en abril de este año. La jueza Alejandra Mauricio firmó la resolución luego del pedido de la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, quien evaluó que se trató de un caso de legítima defensa.
El expediente judicial reconstruyó un panorama de maltrato sostenido. Testigos aseguraron que Diego Gustavo Gómez Almonacid le retenía a su pareja la pensión por discapacidad que cobraba y la sometía a situaciones reiteradas de violencia. Además, varias personas declararon que el día del hecho el hombre volvió a agredirla, un punto clave para la interpretación de la Fiscalía.
La madrugada del 4 de abril, cerca de las 0:35, ambos se encontraban en la vivienda del Barrio Jardín Agrelo. Según la investigación, los dos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando Gómez Almonacid intentó atacarla nuevamente. En ese contexto, la mujer tomó un arma blanca y le provocó una puñalada en el pecho.
Minutos después, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al domicilio y confirmaron el fallecimiento del hombre.
El historial del fallecido también fue considerado dentro del expediente. Gómez Almonacid tenía antecedentes por amenazas graves con arma, robo agravado y robo, lo que reforzó la hipótesis de una relación marcada por la violencia previa.
La investigación también detalló que Picón Orozco —la mujer acusada— presentaba problemas psicológicos agravados por el consumo de drogas, situación que habría contribuido a su estado de vulnerabilidad.
Tras el episodio, la mujer fue detenida y trasladada a la Comisaría 11° de Luján, donde al día siguiente quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo. En un principio, la causa quedó en manos del personal policial de Homicidios y del entonces fiscal de Homicidios, Carlos Torres.
El sobreseimiento, impulsado por la fiscal Díaz Peralta y otorgado por la jueza Mauricio, permitió que la mujer recuperara la libertad. La Justicia entendió que había actuado en defensa propia ante una agresión en el marco de una relación atravesada por la violencia de género.
