Una peligrosa confrontación naval se desarrolló en aguas del Océano Atlántico luego de más de dos semanas de persecución al petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella-1. El buque, que navegaba bajo bandera rusa y transportaba crudo venezolano, quedó en el centro de una grave crisis diplomática entre Estados Unidos y Rusia.
El conflicto se agravó cuando el Kremlin dispuso el despliegue de un submarino de su Armada para escoltar al navío y evitar su incautación por parte de fuerzas estadounidenses, que mantenían un operativo de seguimiento constante en la zona.
La maniobra se inscribió dentro de la ofensiva impulsada por el presidente Donald Trump, quien el 16 de diciembre había decretado un “bloqueo total” sobre las exportaciones energéticas de Venezuela. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio explicó que la medida buscó asfixiar financieramente a los remanentes del régimen de Nicolás Maduro e impedir que socios comerciales, como Alex Saab, continuaran movilizando recursos considerados ilícitos.
En el marco de esta ofensiva naval, Estados Unidos había logrado distintos resultados. El buque Skipper fue incautado el 10 de diciembre cuando se dirigía hacia China; el Centuries fue abordado el 20 de diciembre, aunque se le permitió continuar su travesía tras una inspección. En tanto, el Marinera permaneció bajo persecución activa, con presencia militar rusa en las inmediaciones. Además, un segundo petrolero vinculado a Venezuela fue interceptado en aguas latinoamericanas durante las últimas 48 horas.
Paralelamente, especialistas de TankerTrackers.com advirtieron sobre la utilización de la táctica de los denominados “buques fantasma”. Tras la captura de Maduro el sábado previo, al menos 16 petroleros sancionados habrían desaparecido de los radares satelitales en puertos venezolanos. De ese total, 12 apagaron sus sistemas de identificación automática (AIS) y otros cuatro realizaron maniobras de spoofing, falsificando señales GPS para ocultar su rumbo hacia el este.
La salida no autorizada de estas embarcaciones, vinculadas a los empresarios Alex Saab y Ramón Carretero, respondió a una urgencia técnica: las instalaciones de almacenamiento de crudo en Venezuela se encontraban al límite de su capacidad. De no movilizarse el petróleo, el sistema energético del país corría el riesgo de sufrir daños estructurales irreversibles.
En este contexto, en Caracas, la líder interina Delcy Rodríguez enfrentó su primer gran desafío de autoridad. Las versiones indicaron que varios de estos buques habrían zarpado sin el aval del gobierno provisional, dejando en evidencia una fractura en el control operativo de la estatal PDVSA y profundizando la incertidumbre política y económica del país.
