La Justicia de Estados Unidos dispuso la suspensión de todas las demandas relacionadas con el juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que favoreció la postura de Argentina. La medida fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York tras un pedido presentado por la Procuración del Tesoro, que solicitó detener momentáneamente los procesos judiciales en curso en territorio estadounidense.
La resolución establece que ningún tribunal podrá avanzar con acciones vinculadas al caso hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la apelación impulsada por el Estado nacional. En otras palabras, se definirá si es correcto o no el fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska, quien había condenado al país a pagar cerca de USD 18.000 millones, incluyendo intereses acumulados desde 2023.
El planteo argentino fue impulsado por Sebastián Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración del Tesoro, mediante una solicitud urgente para frenar el avance de investigaciones y procedimientos ligados a la ejecución de la sentencia. La decisión judicial representa un alivio para la Argentina, que enfrenta reclamos millonarios de fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012.
El pedido incluyó la suspensión inmediata de todas las acciones y ejecuciones derivadas del fallo de primera instancia, hasta tanto la Cámara se pronuncie sobre la validez del reclamo. En ese contexto, Burford Capital aparece como el principal beneficiario de la sentencia original.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza el caso, aceptó el planteo y ordenó frenar cualquier avance procesal hasta expedirse sobre el fondo del litigio. Este tribunal tiene la facultad de confirmar, modificar o revocar la condena contra la Argentina, por lo que su decisión será determinante. Mientras tanto, no podrán ejecutarse reclamos ni avanzar nuevas investigaciones.
Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, la medida podría anticipar una definición cercana: “Esto puede indicar que el fallo de fondo podría conocerse en un plazo relativamente corto, aunque no hay tiempos establecidos. La audiencia de apelación fue en octubre del año pasado y desde entonces se espera una resolución”.
El especialista agregó que la decisión de suspender el proceso también responde a una lógica judicial: si el tribunal está próximo a resolver la cuestión central, no tendría sentido continuar con audiencias y procedimientos vinculados al proceso de discovery.
Cabe recordar que el fallo condenatorio fue apelado y, en paralelo, Burford había impulsado diversas acciones para acelerar el cobro, como pedidos de embargo de acciones, declaraciones de desacato y estrategias para demostrar que el Estado y la empresa eran equivalentes jurídicamente. Con la resolución actual, todas esas iniciativas quedan momentáneamente sin efecto.
El caso ahora queda en manos de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, integrantes de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. Aunque no hay una fecha definida para el fallo, estadísticas del tribunal indican que este tipo de resoluciones suele demorar entre seis y doce meses.
La decisión final podría tomar distintos caminos: confirmar completamente el fallo de Preska, lo que implicaría una derrota para la Argentina; revertirlo en su totalidad, lo que significaría un triunfo para el país; o bien introducir modificaciones, como revisar el monto de la condena o el lugar donde debe tramitarse la causa.
En este último escenario, aunque el litigio continuaría, el Gobierno también lo consideraría un resultado positivo. En cambio, una confirmación total del fallo sería el peor desenlace, aunque desde el oficialismo aseguran que ese escenario no es el más probable.
Si la resolución resulta completamente favorable, el Ejecutivo interpretará el caso como cerrado, más allá de las apelaciones que puedan surgir posteriormente. Mientras tanto, la suspensión de las demandas le otorga a la Argentina un margen de tiempo clave en una causa de enorme impacto económico.
