La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) resolvió suspender la habilitación del puerto de Ushuaia luego de detectar graves irregularidades en la administración de los recursos y dispuso su intervención administrativa por el plazo de un año. La medida, además, responsabiliza al gobierno provincial encabezado por Gustavo Melella.
El organismo nacional intimó a la gestión provincial fueguina a corregir las anomalías detectadas, que abarcarían desde presuntos desvíos de fondos hasta riesgos operativos y de seguridad derivados de la falta de inversión en infraestructura.
A través de un comunicado oficial, desde la agencia explicaron que “la medida se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan”.
La resolución, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención tendrá una duración de un año y será formalizada este jueves mediante su publicación en el Boletín Oficial.
El proceso se inició a partir de una denuncia sindical y sectorial vinculada a la Ley provincial N° 1596, impulsada por el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda. El planteo surgió tras la creación de un fondo destinado a cubrir la deuda de la obra social estatal OSEF, financiado con el superávit generado por el Puerto de Ushuaia.
En ese marco, Avellaneda quedará al frente de la gestión operativa de la terminal portuaria de Tierra del Fuego, bajo la supervisión de directores y gerentes designados por la agencia nacional.
Asimismo, desde la ANPyN detallaron que las inspecciones realizadas permitieron detectar múltiples deficiencias en la infraestructura portuaria, entre ellas la falta de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, falencias en la carpeta asfáltica y serias irregularidades en la administración financiera y en las condiciones básicas de seguridad operativa.
Desde el organismo indicaron que estas observaciones fueron notificadas al gobierno provincial junto con el reclamo para implementar un registro de ingresos, egresos y compras. Esa tarea, según señalaron, había sido tercerizada en una empresa que figuraría habilitada para la comercialización de paraguas, termos y pelucas.
“En detrimento de la normativa vigente, que establece que el presupuesto del puerto solo puede destinarse a inversiones en la propia terminal, se comprobó que la administración provincial de Tierra del Fuego utilizó un 33% de esos fondos para subsidios de la provincia, dejando apenas un 1,3% para obras y servicios destinados a mejorar la calidad de las prestaciones”, enfatizaron.
Finalmente, remarcaron que la Prefectura Naval Argentina brindará asistencia durante el período de intervención con el objetivo de “optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas” en el puerto de Ushuaia.
