El fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, decidió impulsar la investigación contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero. Desde este lunes, el diputado nacional de La Libertad Avanza quedó imputado por las sospechas en torno a los USD 200.000 que recibió a principios de 2020 de parte de Federico “Fred” Machado, empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos.
El juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la investigación en la Fiscalía, que ya solicitó las primeras medidas de prueba.
El caso se originó tras una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois, quien pidió a la Justicia determinar si los fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes, se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran el delito previsto y reprimido por el artículo 303 inciso 1 del Código Penal”.
El nombre de Espert apareció en registros financieros del Bank of America y en una contabilidad paralela utilizada como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de “Fred” Machado.
El pago de los 200.000 dólares, realizado entre enero y febrero de 2020, figura en el expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, del que el equipo de Grabois obtuvo la información.
En un video difundido en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura, Espert explicó: “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”. Según el diputado, la firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.
“Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa, que estaba activa y tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada”, agregó.
De acuerdo con su versión, los 200.000 dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato” y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.
La denuncia de Grabois también señala que Espert utilizó vehículos y aviones pertenecientes a “Fred” Machado durante su campaña presidencial de 2019.
Ese punto se conecta directamente con otra causa que tramita en el Juzgado Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se investigan 36 vuelos. No se descarta que el expediente de San Isidro, actualmente bajo la órbita del juez Lino Mirabelli, sea derivado a Comodoro Py para unificar ambas investigaciones.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos. Ahora falta la firma del presidente Javier Milei para que el acusado de narcotráfico sea trasladado por la fuerza pública a los tribunales de Texas.
El fallo del máximo tribunal fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el pedido de extradición realizado por la justicia estadounidense se ajusta a las normas internacionales de cooperación judicial.
Minutos antes de que se conociera la decisión de la Corte, el propio Machado admitió en una entrevista con Radio Rivadavia haber financiado la campaña presidencial de Espert, algo que el diputado y su partido no habían declarado, como exige la ley.
“¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”, relató Machado que le había pedido Espert en 2019. Según su estimación, “entre comidas, hoteles y aviones, habrán sido 100 o 150 mil dólares” los que aportó a la campaña presidencial del economista liberal.
