Un fuerte escándalo judicial impactó en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba luego de que dos de sus principales autoridades, junto a otros dos funcionarios, fueran imputados por supuestas maniobras irregulares en la conformación del tribunal y por episodios de maltrato laboral, entre otras acusaciones.
La causa fue impulsada por los fiscales federales Pablo Nicolás y Maximiliano Hairabedian, quienes señalaron como principales involucrados a dos camaristas, además de un secretario penal y otro de superintendencia. Entre los hechos investigados figuran la presunta manipulación de expedientes de alto impacto económico y situaciones de violencia laboral dentro del ámbito judicial.
La denuncia sostiene que los magistrados y funcionarios habrían coordinado movimientos internos para quedarse con causas consideradas de “relevancia económica”. El mecanismo, según se detalló, consistía en modificar la integración de las salas aprovechando la ausencia de dos jueces naturales y el sistema rotativo del tercer voto, lo que les permitía intervenir directamente en resoluciones de expedientes sensibles, en especial vinculados al sector agroindustrial.
La presentación judicial fue realizada por una secretaria que denunció tanto irregularidades en la conformación del tribunal como hechos de maltrato laboral en su contra. Según su testimonio, la situación se agravó luego de que se negara a firmar una certificación que consideraba ilegal, lo que habría derivado en represalias.
“Se negó terminantemente porque no era lo que correspondía. Desde ese momento empezó a ser perseguida sistemáticamente con humillaciones, con violencia verbal y psicológica”, sostuvo su abogado, Claudio Orosz. Actualmente, la mujer se encuentra de licencia, tras denunciar un deterioro en su salud física y psíquica como consecuencia de estos episodios.
La imputación formal contra los acusados incluye delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. En el caso del secretario de superintendencia, también se le atribuye un presunto falso testimonio.
Por su parte, el abogado defensor Carlos Nayi rechazó todas las acusaciones y afirmó que sus representados “no tienen ninguna vinculación con conductas de relevancia penal”. En esa línea, aseguró que el avance de la investigación permitirá demostrar que los hechos denunciados “no existieron”.
La causa continúa bajo la órbita de la Justicia federal y pone en el centro de la escena a figuras clave del Poder Judicial en Córdoba, en un contexto en el que la Cámara Federal de Apelaciones opera actualmente con dos jueces menos de los establecidos por ley.
