En un fallo que sacudió Silicon Valley, un jurado estatal de San José, California, condenó a Google a pagar 314,6 millones de dólares por el uso indebido de datos móviles de usuarios de Android. La demanda colectiva, presentada en 2019, representa a más de 14 millones de californianos que, sin saberlo, vieron cómo sus dispositivos enviaban información a los servidores de la compañía incluso cuando estaban en reposo y sin conexión WiFi.
La acusación sostiene que Google configuró sus teléfonos para recolectar datos en segundo plano, consumiendo los planes móviles de los usuarios sin su consentimiento. Esta práctica, según los demandantes, no solo drenaba recursos personales, sino que alimentaba el motor publicitario de Alphabet, la empresa matriz de Google. Los datos recopilados se usaban para mejorar la geolocalización y afinar la puntería de los anuncios personalizados, pilares del modelo de negocio de la compañía.
Google, por su parte, no tardó en responder. A través de su portavoz, José Castañeda, la empresa aseguró que los usuarios habían aceptado estas condiciones al aprobar sus políticas de privacidad. Además, defendió que el volumen de datos transferidos era mínimo, “menor al necesario para enviar una sola foto”, y que estos procesos eran esenciales para la seguridad y el rendimiento de los dispositivos Android.
La sentencia marca un precedente en la batalla por la privacidad digital y deja claro que, en la era de los algoritmos, el consentimiento no puede ser una letra chica. Mientras Google prepara su apelación, el veredicto resuena como un llamado de atención: los datos personales no son moneda de cambio, y su uso indebido puede costar caro.
