La Justicia dispuso nuevas medidas de prueba en la investigación por la muerte de más de un centenar de pacientes tras la administración de fentanilo contaminado producido por HLB Pharma en hospitales y clínicas de distintas provincias. En paralelo, la Cámara Federal rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de los principales imputados.
El expediente atravesó una etapa decisiva: el Cuerpo Médico Forense (CMF) examinó un nuevo conjunto de historias clínicas correspondientes a pacientes internados que fallecieron luego de recibir el medicamento adulterado y coordinó entrevistas con quienes sobrevivieron, mientras el juzgado consolidó pruebas que podrían agravar las acusaciones.
El juez federal Ernesto Kreplak requirió al CMF la revisión de las últimas historias clínicas de pacientes fallecidos y ordenó entrevistas médicas a los 48 sobrevivientes de la infección bacteriana que ya fueron dados de alta.
La tarea presentó dificultades logísticas: los sobrevivientes residían en Formosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario y Santa Fe. En algunos casos debieron ser ubicados nuevamente porque se habían mudado, y se constató que algunos fallecieron posteriormente por otras patologías.
Catorce imputados en la causa
En simultáneo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa del director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano.
En la misma línea, la Cámara de Apelaciones de La Plata denegó el beneficio a Diego García, directivo de HLB Pharma y Ramallo S.A. y hermano de Ariel García, propietario de ambas firmas, quien también se encontraba procesado con prisión preventiva. Otro de los detenidos era Javier Martín Tchukrán. El expediente principal superó las 7.000 fojas y continuó incorporando peritajes e informes médicos.
La causa, registrada bajo el número FLP 17371/2025, investigó la presunta muerte de 111 pacientes y las secuelas sufridas por otros 48 sobrevivientes tras la aplicación de ampollas de anestésico contaminadas con bacterias multirresistentes. El caso se inició el 8 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria y prohibió el uso de varios lotes, luego de detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.
Entre los imputados detenidos figuraban los hermanos Ariel y Diego García, señalados como propietario y directivo de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, respectivamente.
Bacterias detectadas y análisis forense
La investigación incluyó estudios bacteriológicos realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán, que confirmaron la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas analizadas.
El examen de las historias clínicas efectuado por el CMF determinó que en 52 de los 77 casos ya evaluados existió una infección asociada al fentanilo adulterado. Además, se concluyó que la exposición a estos microorganismos elevó el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.
El juzgado a cargo de Kreplak solicitó a los peritos que precisaran las secuelas físicas y psicológicas en los sobrevivientes y que establecieran con exactitud el incremento del riesgo de muerte en los pacientes fallecidos. La instrucción incluyó la revisión de documentación consolidada en legajos digitales, accesibles para todas las partes a través del sistema institucional. El informe final del CMF resultará clave para definir la cantidad total de delitos imputables y la responsabilidad penal de los acusados.
En el expediente también fueron procesadas con prisión domiciliaria Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo. Otros ocho responsables vinculados a HLB Pharma y Ramallo S.A. fueron procesados sin prisión preventiva, entre ellos encargados de producción y control de calidad.
Expectativa de pena y alcance del caso
La expectativa de condena para los imputados osciló entre 10 y 25 años de prisión por el delito de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración peligrosa para la salud. El número de víctimas fatales podría incrementarse con los nuevos peritajes, ya que el juzgado mantuvo bajo análisis 159 muertes en las que se comprobó la presencia de los microorganismos.
El expediente fue considerado uno de los mayores desastres sanitarios en la historia argentina, en una magnitud comparable a la Tragedia de Once y al incendio del boliche Incendio de Cromañón. El avance hacia la determinación de responsabilidades penales y una eventual elevación a juicio oral dependerá de los informes finales del Cuerpo Médico Forense y de las decisiones que adopten las instancias judiciales superiores.
