La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes que la Argentina podrá avanzar con la apelación en la causa por la expropiación de YPF sin entregar las acciones de la petrolera ni otros bienes como garantía. De esta forma, quedó suspendida la orden emitida el pasado 30 de junio por la jueza Loretta Preska.
El fallo, esperado en las últimas horas, optó por la alternativa más favorable para el país. Según explicó el analista Sebastián Maril, las acciones del Estado argentino en YPF podrán seguir bajo custodia en la Caja de Valores mientras se define la apelación, lo que permite continuar el proceso judicial sin comprometer activos estratégicos.
Desde el Ministerio de Economía celebraron la medida, que además autorizó al Gobierno de Estados Unidos a actuar como “amigo de la corte” en respaldo a la Argentina. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó que la decisión deja sin efecto, por el momento, la orden de Preska y habilita la presentación de documentos por parte del país norteamericano.
La Procuración del Tesoro, dirigida por Santiago Castro Videla, subrayó que esta resolución garantiza que la Argentina conserve su participación mayoritaria en YPF mientras avanza la apelación, considerándola un paso clave para la defensa de un activo estratégico. Además, aclaró que esta medida no altera el curso de la apelación principal contra la condena dictada en septiembre de 2023, que obliga al país a pagar una suma que con intereses supera los USD 18.000 millones.
Para Maril, el tribunal reconoció que exigir las acciones de YPF como forma de pago en esta instancia era excesivo, más aún teniendo en cuenta que no podrían transferirse sin la aprobación del Congreso argentino, cuestión que la misma corte evaluará en los próximos meses. En esa línea, el especialista Juan José Carbajales interpretó el fallo como un respaldo a los argumentos de inmunidad soberana y actos propios de los Estados, principios contemplados en leyes y tratados internacionales.
La causa se inició por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Burford Capital, un estudio inglés que compró los derechos del litigio, es el principal beneficiario de la condena. La Argentina había solicitado un “stay” para frenar la entrega de las acciones a Burford mientras se resuelve la apelación, pedido que ahora fue aceptado.
El cronograma judicial prevé que el 25 de septiembre se presenten los escritos de apelación sobre la orden de traspaso de acciones, y que la primera audiencia para tratar la apelación de fondo se realice la semana del 27 de octubre. Se estima que la Corte de Apelaciones resolverá sobre la validez de la condena de Preska a comienzos de 2026.
En su defensa, Argentina argumenta que entregar las acciones violaría el principio de cortesía internacional, la inmunidad soberana y que estos títulos, al estar depositados en el país, no guardan relación con la actividad comercial sobre la que se sustenta el reclamo. Además, recordó que su venta requiere la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que elimina cualquier riesgo de disposición indebida.
En paralelo, Burford mantiene otros pedidos, como demostrar que el Estado e YPF son “alter ego” para poder ejecutar la deuda sobre las acciones de la empresa y otros bienes públicos, incluidos activos del Banco Central. También solicitó acceder a comunicaciones privadas de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, requerimiento que Preska avaló y que Argentina reconoció poder cumplir.
