La posible salida del dictador cubano Miguel Díaz-Canel del poder se convirtió en uno de los puntos centrales de las conversaciones que mantienen Estados Unidos y el régimen de Cuba sobre el futuro político y económico de la isla.
De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dejó claro a sus interlocutores cubanos que no habrá avances en las negociaciones mientras Díaz-Canel permanezca en el poder. Sin embargo, por ahora Washington no exige el desmantelamiento del sistema comunista ni acciones directas contra la familia Castro, que sigue conservando influencia en las principales estructuras del régimen.
La estrategia estadounidense apunta a provocar un cambio en la cúpula dirigente de la isla sin exigir de manera inmediata el fin del modelo político instaurado hace más de seis décadas.
En medio de este contexto, Trump afirmó el lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”. Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo: “Tomar Cuba sería un gran honor. Tomarla de alguna forma, ya sea liberarla o asumir el control. Podría hacer lo que quisiera con ella”.
Funcionarios estadounidenses consideran que la salida de Díaz-Canel podría abrir el camino a reformas económicas profundas que, según su visión, serían inviables bajo su actual liderazgo.
Por su parte, el régimen cubano reconoce el desgaste político que atraviesa el mandatario y la necesidad de proyectar cierta renovación. No obstante, intenta evitar que cualquier cambio sea percibido como una concesión directa a la presión de Washington. Según las fuentes consultadas por el diario estadounidense, en La Habana se analizan fórmulas para reemplazar al líder sin que parezca una decisión impuesta desde el exterior.
Las conversaciones se desarrollan después de meses de una severa crisis energética y de una situación económica cada vez más compleja en la isla. Las sanciones aplicadas por Estados Unidos, especialmente las restricciones al suministro de petróleo extranjero, han contribuido a agravar los apagones y el deterioro de las condiciones de vida de la población.
Díaz-Canel atribuyó la escasez de combustible y el colapso del sistema eléctrico a lo que calificó como un “bloqueo energético” impulsado por Washington, según afirmó en una reciente conferencia de prensa.
En paralelo, el gobierno estadounidense ha sugerido al régimen comunista abrir la economía a la inversión norteamericana y comprometerse con la liberación de presos políticos, demandas históricas dentro de la política exterior de Washington hacia Cuba.
Los negociadores estadounidenses también plantearon la necesidad de apartar del poder a figuras históricas del castrismo, especialmente a dirigentes que mantienen una adhesión ideológica directa a las ideas de Fidel Castro.
A pesar de que Díaz-Canel ocupa la presidencia, diversos analistas coinciden en que el verdadero centro de poder en Cuba continúa en manos de la familia Castro y del conglomerado militar GAESA, que controla sectores clave como el turismo y el comercio minorista.
En ese entramado también aparece Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien actúa como uno de los interlocutores relevantes en los contactos con Estados Unidos. Según las fuentes, podría mantener influencia sobre el rumbo del régimen incluso si se produce un relevo formal en la presidencia.
Especialistas citados por The New York Times advierten que un simple cambio en la cúpula no necesariamente implicaría una apertura política o económica real. Algunos analistas sostienen que Díaz-Canel fue elegido en su momento precisamente por su perfil moderado y por su escasa iniciativa para impulsar reformas profundas, lo que podría convertir su eventual salida en una forma de aliviar presiones internas y externas.
El mandato del dirigente ha coincidido con una de las crisis económicas más severas de la historia reciente de la isla. Inflación, escasez de productos básicos y una creciente migración marcan el escenario actual. Además, las protestas masivas de julio de 2021 —las mayores en décadas— fueron respondidas con detenciones, juicios y condenas contra manifestantes, lo que aumentó el aislamiento internacional del régimen.
Mientras tanto, sectores del exilio cubano en Estados Unidos y dirigentes políticos, especialmente en el estado de Florida, consideran insuficiente la estrategia de Washington si se limita únicamente a reemplazar a Díaz-Canel sin transformar el sistema político.
Estos grupos reclaman medidas más profundas que incluyan una reestructuración total del modelo de gobierno y el desmantelamiento de GAESA.
En paralelo, el régimen comenzó a dar mayor exposición pública a funcionarios que hasta ahora tenían un perfil bajo. Entre ellos aparece Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, quien recientemente concedió una entrevista a medios estadounidenses en la que mencionó la posibilidad de abrir la economía cubana a la inversión extranjera.
En este contexto, la administración Trump busca aplicar en Cuba una estrategia similar a la que utilizó frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela: presionar para lograr la salida del líder sin recurrir a una intervención militar directa.
La Casa Blanca considera que la eventual salida de Díaz-Canel podría convertirse en un paso clave para relanzar las relaciones bilaterales y mostrar avances diplomáticos ante la opinión pública estadounidense.
Sin embargo, la incertidumbre sobre quién lo reemplazaría y la permanencia de los grupos de poder tradicionales dentro del régimen generan dudas sobre la posibilidad de cambios estructurales.
En definitiva, el futuro político de Cuba se debate entre la presión internacional y la capacidad de maniobra de un sistema que intenta conservar el control real del país. Aunque la salida de Díaz-Canel podría abrir una nueva etapa en el diálogo con Estados Unidos, muchos analistas consideran que difícilmente signifique una transformación inmediata del modelo político que gobierna la isla desde hace más de sesenta años.
