El Gobierno nacional le pidió este martes a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, que suspenda el fallo que ordena a la Argentina transferir la mayoría accionaria de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera en 2012. En paralelo, el Ejecutivo anticipó que apelará la decisión en una instancia superior.
Mediante una carta formal dirigida a la magistrada, la administración de Javier Milei solicitó que se detenga la ejecución de la sentencia, que establece la entrega del 51% de las acciones de la empresa estatal como parte de un resarcimiento económico. Según fuentes oficiales, esta medida busca ganar tiempo para que el proceso de apelación avance en los tribunales.
La estrategia legal del Gobierno se apoya, entre otros argumentos, en el respaldo que recibió por parte del propio Gobierno de Estados Unidos, que manifestó su desacuerdo con la decisión de Preska. “La suspensión es crucial”, sostiene el escrito presentado por Argentina, en el que también se deja constancia de que, si no se concede la postergación, el país acudirá directamente a una corte de apelaciones.
La resolución de Preska fue emitida este lunes y exige que se transfiera el control mayoritario de YPF a los demandantes, como forma de indemnización por la manera en que se ejecutó la expropiación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El fallo estima que el Estado argentino debería afrontar un pago que podría alcanzar los 16.000 millones de dólares.
Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que esa cifra puede reducirse si se revisan ciertos aspectos técnicos y jurídicos del caso. La Procuración del Tesoro también evalúa solicitar la suspensión del fallo directamente ante la cámara de apelaciones.
“No existe ninguna posibilidad de cumplir con una sentencia como esta mientras se mantenga en primera instancia”, expresó una fuente del Gobierno, al tiempo que aclaró que no habrá negociaciones con los fondos litigantes hasta tanto no haya una resolución definitiva.
