El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y sus funciones se transferirán al Ministerio de Salud: no habrá recortes en pensiones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en Casa Rosada que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La medida incluye una fuerte reducción de la estructura jerárquica, pero garantiza la continuidad de todas las prestaciones.

El Gobierno anunció que la ANDIS dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.Foto Archivo.

El Gobierno nacional confirmó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada.

La decisión se conoció tras el escándalo desatado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y luego de una serie de allanamientos en sedes del organismo. Según informaron fuentes oficiales, se trata de una medida que el Ejecutivo venía evaluando desde hace meses, a partir de la detección de graves irregularidades en el funcionamiento de la agencia.

Adorni explicó que la ANDIS dejará de funcionar como organismo descentralizado y pasará a convertirse en una secretaría dentro del Ministerio de Salud. En ese marco, confirmó que el nuevo secretario de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del ente.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó el jefe de Gabinete, al tiempo que remarcó que la reestructuración no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Repito: no se va a eliminar absolutamente ninguna prestación”, insistió.

El funcionario recordó que la agencia fue creada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, mediante el Decreto 698/2017, como un organismo descentralizado con el objetivo de coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad. Sin embargo, sostuvo que la autonomía administrativa derivó con el paso de los años en “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Según detalló Adorni, esa situación generó múltiples irregularidades, como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban. Como ejemplo, mencionó el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar, pero que funcionaba en un inmueble precario, sin agua, electricidad ni mobiliario. En el lugar, según indicó, solo se hallaron suciedad, moho, escombros y excremento de roedores.

“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, aseguró el jefe de Gabinete. Además, anticipó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se realizarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones.

La reestructuración también implicará la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica. Según fuentes de la cartera sanitaria, el objetivo central es “ordenar el sistema”, asegurar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer los equipos técnicos y mejorar la atención a los usuarios y sus familias.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la transformación no supone una pérdida de derechos ni un recorte de prestaciones. La modificación apunta a unificar criterios sanitarios y presupuestarios, eliminar superposiciones de funciones y competencias y avanzar hacia un esquema de gestión más eficiente y controlado.

De este modo, el Gobierno formalizó una decisión que venía siendo madurada desde hace meses y que marca un cambio profundo en la administración de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad, con la promesa de mantener intactos los beneficios para los titulares de pensiones y prestaciones.

Exit mobile version